“No soy un traqueto, soy un revolucionario y gestor de paz”: Santrich

21 de enero de 2019 12:11 PM
“No soy un traqueto, soy un revolucionario y gestor de paz”: Santrich
Audiencia de pérdida de investidura, en la cárcel la Picota de Bogotá, contra Jesús Santrich, excombatiente de las FARC.// Colprensa.

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A las 9:30 de la mañana empezó la audiencia de pérdida de investidura en la cárcel La Picota de Bogotá, contra ‘Jesús Santrich’, excombatiente de las Farc, quien fue capturado por presuntos nexos con el narcotráfico.

Hasta el centro carcelario llegaron los magistrados del Consejo de Estado, entre ellos la magistrada ponente, María Helena Marín, debido a que la Fiscalía no accedió al traslado del procesado hacía el alto tribunal, por razones de seguridad.

Así las cosas, la diligencia se instaló y la primera intervención fue la del delegado de la Sala de la Cámara de Representantes, quien aseguró que se le debe decretar la pérdida de investidura, debido a que ‘Santrich’ no se presentó en el Congreso de la República para su posesión.

Por su parte, Nicolás Yepes, el Procurador Delegado, quien también asistió a la audiencia que fue transmitida vía streaming, aseguró que no es procedente que se decrete la perdida de investidura, debido a que la no comparecencia en el Congreso de la República se debió a una causa de fuerza mayor, pues permanece recluido en el centro carcelario, en el cual se adelantó la diligencia.

En su relato dijo que “en defensa y garantía del demandado solicita negar la pretensión de la acción presentada por la Sala de la Cámara de Representantes”.

Por otro lado, ‘Jesús Santrich’, quien tuvo acceso al micrófono durante un poco más de 10 minutos, aseguró que posterior a la firma final del acuerdo de paz estuvo recluido en una casa designada por el Gobierno colombiano y custodiado en su totalidad por miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y uniformados de la Policía.

Por lo que, a su juicio, de esta manera no habría podido llevar a cabo las acciones delictivas derivadas del narcotráfico que en su momento fueron expuestas por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien el pasado 9 de abril de 2018 ordenó que fuese capturado. Todo esto lo explicó en medio de la audiencia para argumentar el porqué no se pudo posesionar en la curul que le fue otorgada en el Congreso luego de la firma final de paz.

Ha dicho, que en múltiples ocasiones, por medio de su abogado ha interpuesto acciones legales para que su posesión se llevara a cabo, pero esto no surtió efecto. La Sala de la Cámara de Representantes negó dicha pretensión.

A juicio del excombatiente de las Farc, estas acciones en su contra hacen que se desconozca los acuerdos de paz firmados con el Gobierno durante 2016. Dijo además que teme a que las arbitrariedades que se han venido presentando en su contra se conviertan en un “asesinato político”.

Aclaró que no tenía responsabilidad más que en el delito de rebelión del cual fue amnistiado, por lo que, además, no ha pensado en mover “ni un solo gramo de cocaína, ni participar en ningún acto legal o ilegal”.

Culminó su intervención solicitando al Consejo de Estado que examine los señalamientos que hay en su contra y asegurando que, “no soy un traqueto, soy un revolucionario y gestor de paz”.

A la voz de Santrich se unió la de su abogado Alirio Uribe, quien aseguró que si su defendido no se posesionó en la curul del Congreso fue por fuerza mayor, pues desde hace un poco más de 9 meses, es acusado de presuntamente hacer parte de una organización que se dedicaba a enviar droga hacía el exterior.

Para Uribe es confuso que acusen a Santrich de tales hechos, teniendo en cuenta que “era él e Iván Márquez los más representativos promotores del acuerdo de paz. El fiscal general le mintió al país cuando dijo que tenía pruebas que lo vinculaban con el narcotráfico, cuando la JEP le pidió esas pruebas dijo que no lo tenía”.

A juicio del abogado defensor, en el tema que se surte ante el Consejo de Estado, no solo se viola los derechos políticos a Santrich, sino también los derechos del partido de las Farc.

Expuestos los argumentos de las partes, ahora, se espera que la Sala del Consejo de Estado estudie el proceso y determine si acoge las pretensiones de la Procuraduría o declara la muerte política del excombatiente de las Farc.

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