El Tribunal Superior de Medellín, a través de la Sala de Justicia y Paz, condenó a 28 exmiembros del Bloque Elmer Cárdenas, por los actos delictivos cometidos entre los años 1997 y 2006, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca y Santander.
El Tribunal Superior luego de analizar y constatar las declaraciones y confesiones de los desmovilizados de la estructura armada, consideró que las cinco conductas que fueron identificadas en su momento por la Fiscalía General de la Nación eran validas para argumentar su decisión.
En lo expuesto por el ente acusador se constató que el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento, el reclutamiento ilícito y la violencia basada en género, se convirtieron en patrones de criminalidad sistemáticos, generalizados y repetidos, con los que buscaban ganar violentamente el territorio sin importar el nivel de afectación a la población civil, especialmente mujeres, afrocolombianos e indígenas de la comunidad Emberá Dobidá.
Entre las acciones violentas que indicó el ente acusador realizaron los desmovilizados, se encuentran 17 actos basados en la violencia de género, en los que mujeres de Riosucio, Acandí, Juradó, Bojayá (Chocó); y Dabeiba y Necoclí (Antioquia), fueron sometidas a tratos sexuales inhumanos, además de la intimidación psicológica que terminó por desintegrar familias y generó desplazamientos forzados de la población.
Otros de los actos criminales perpetrados por la estructura criminal son, la masacre La Horqueta, ocurrida el 21 de noviembre de 1997, entre Tocaima y Viotá (Cundinamarca), y en la que fueron asesinadas 17 personas. La masacre de Bojayá, hechos registrados a finales de abril y mayo de 2002, que iniciaron con enfrentamientos entre el Bloque Élmer Cárdenas de las entonces autodefensas y las Farc, que trascendieron a diferentes acciones criminales como el lanzamiento de cilindros con explosivos a la iglesia de Bellavista, en Bojayá (Chocó) que dejó 79 muertes y un elevado número de desplazados.
Por último, la operación génesis o cacarica que consistió en una incursión armada en la región norte de Chocó entre febrero y abril del año 1997. Allí los desmovilizados incursionaron en el lugar para arrebatarle áreas de influencia a las Farc. En desarrollo de estos hechos fue decapitado el campesino Marino López Mena, situación que generó un desplazamiento masivo de comunidades afrodescendientes y nativa
En ese sentido, el fallo determinó que, al menos, 6.069 víctimas por estos hechos, deberán ser reparadas económica y simbólicamente por los daños físicos y morales sufridos. Del mismo modo, declaró extinción de dominio sobre: 25 acciones de la Comercializadora Ganadera del Darién y Norte de Urabá; una casa en el barrio Escolar, en Riosucio (Chocó); El Hotel Diplomático, en Riosucio; y el hotel y restaurante Casa Real, en Riosucio.
Indicó el fallo que la pena alternativa que establece la Ley de Justicia y Paz para los desmovilizados que aportaron información real y aceptaron la responsabilidad en la totalidad de los casos conocidos es para Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán' jefe máximo del Bloque Élmer Cárdenas; Otoniel Segundo Hoyos Pérez, alias ‘Rivera’ cabecilla del frente Costanero; y Dairon Mendoza Caraballo, alias ‘Cocacolo’ o 'Águila 2', jefe armado de la zona; entre otros 25 integrantes de diferente nivel.
Ordenó el Tribunal que los sentenciados deberán cumplir con actos públicos de reconocimiento de culpa y arrepentimiento, en los que solicitarán perdón a las víctimas y se comprometerán a no incurrir nuevamente en hechos que realizaron. Adicionalmente, tendrán que participar en las actividades de tipo simbólico que se programen para resarcir a las personas afectadas con la actividad criminal.
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