Colombia


Nueva polémica por el aborto, ¿qué dice la reglamentación que causó revuelo?

Minsalud descartó que la resolución con la que el Gobierno busca cumplir un mandato de la Corte Constitucional vaya a generar una despenalización del aborto.

COLPRENSA

24 de octubre de 2019 07:15 PM

La publicación del borrador de resolución que regula el aborto en el país, con la que el Gobierno busca cumplir una orden que le dio la Corte Constitucional volvió a poner sobre la mesa este tema, uno de los que genera mayor debate en el país.

La Iglesia Católica, como ya lo ha hecho en varios ocasiones, lanzó duras críticas contra el borrador del Ministerio de Salud, con el argumento de que puede abrir la puerta para que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos y porque le impide a los médicos ejercer su derecho de objeción de conciencia.

(Lea aquí: Minsalud publicó borrador de resolución para regular el aborto en Colombia)

Aunque el ministro Juan Pablo Uribe convocó a una rueda de prensa a primera hora de este jueves para explicar que el borrador no pretende “legislar” como lo afirma la Iglesia, sino que recopila normas que ya existen para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional, hay varios puntos de la resolución que siguen provocando controversia entre quienes respaldan y se oponen a que se permita la interrupción voluntaria del embarazo.

Nueva polémica por el aborto, ¿qué dice la reglamentación que causó revuelo?

Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud. // Colprensa

Estos son algunos de los principales motivos de controversia.

La objeción de conciencia

Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, aseguró que la resolución desconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal médico y restringe las posibilidades de oponerse a practicar abortos a pesar de no estar de acuerdo con ello.

“A los médicos y las instituciones les prohíben negarse. Ese aborto tiene que hacerse. Si el médico presenta objeción de consciencia le obligan a que consiga un médico que lo haga”, dijo Monseñor en declaraciones a medios radiales este jueves.

Sandra Mazo, coordinadora Nacional del movimiento ‘Católicas por el derecho a decidir’, recordó que la objeción de conciencia se predica de las personas naturales y no de las instituciones. “Este derecho fundamental no es institucional o colectivo sino individual. La persona (el médico) debe tener razones de peso, sinceras y profundas, para no realizar el procedimiento”.

Lo que dice la resolución del Ministerio de Salud sobre este tema es que los médicos pueden declararse como objetores de conciencia si la realización del procedimiento está contra sus más íntimas convicciones. La objeción de conciencia tiene un carácter individual, por lo tanto, los centros médicos como colectividad, no se pueden declarar como tal.

Monseñor Córdoba aseguró que la resolución le impondrá la carga a los médicos que quieran ejercer la objeción de conciencia de buscar un remplazo que sí se encargue de la operación, pero el ministro de Salud explicó que esto no es así.

Sí se deberá garantizar a la mujer que quiera practicar el embarazo que haya un médico que tenga conocimiento y experiencia para llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo, pero esto es una responsabilidad del sistema de salud, no del médico, explicó este jueves el Ministro.

Solo en el caso de que no haya otro disponible en el lugar para llevar a cabo el procedimiento, el médico se verá obligado a practicarlo.

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Plantón en contra del aborto frente al Ministerio de Salud. // Colprensa

¿Está colegislando el Gobierno?

El ministro Juan Pablo Uribe aseguró que esta resolución no tiene novedad alguna ni busca la despenalización definitiva del aborto, sino que es una unificación de las regulaciones que ya existen en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Esta regulación existe desde que la Corte Constitucional estableció la despenalización del aborto en tres casos puntuales a través de la sentencia C-355 de 2006, que son: malformación del feto incompatible con la vida, embarazo producto de una violación y riesgo para la vida y salud de la madre.

El objetivo principal por el que la Corte Constitucional exigió al Ministerio de Salud recopilar un marco regulatorio en torno a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es que “ aún existen todo tipo de trabas y barreras para que las mujeres que solicitan la IVE puedan acceder de manera oportuna y en las condiciones adecuadas”.

Monseñor Córdoba no estuvo de acuerdo con que se mantengan las reglas establecidas por la Corte en sus varias sentencias sobre el tema y añadió que es urgente que exista una nueva legislación que presente otras alternativas a las madres para evitar el aborto.

“Si una mujer fue violada, ¿por qué tienen que desquitarse con el niño que está por nacer? se debería judicializar al padre, pero el niño no tiene la culpa. Existen otras opciones como darlo en adopción”, dijo Monseñor.

Mazo, por otra parte, también se mostró en desacuerdo con el presidente de la Conferencia Episcopal. “Todos tienen el derecho a dar su postura sobre el tema, sin embargo, hay que recordar que Colombia es un estado laico y las posturas particulares religiosas no pueden imponer su creencia a algo que es una política pública”, resaltó.

Mazo recalcó que la resolución es muy importante porque es una orden judicial que da la Corte Constitucional sobre los protocolos de salud con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y los avances que se han hecho sobre el tema como derecho fundamental de las mujeres.

(Lea aquí: Duque defendió reglamentación de Minsalud al aborto)

Tiempo para realizar el procedimiento

Una de las críticas que más recalcó Monseñor Córdoba es que no existe un límite impuesto por la Corte para relizarse un aborto.

“La Corte Constitucional está, no para cambiar las leyes (...) sino para defenderlas. Y en vez de defenderlas a decidido cambiarlas, pero con un salto mortal (...) Ahora según la Corte se puede abortar desde el primer segundo hasta los nueve meses”, dijo sobre el tema.

Según el documento, el término máximo para llevar a cabo el procedimiento por parte de las instituciones prestadoras de salud, en caso de que no se pueda realizar en la misma visita de consulta inicial, es de cinco días calendario contados a partir de dicha consulta. No habrá limitación del tiempo de gestación para una IVE.

En los centros médicos no se deben realizar juntas médicas de revisión o de aprobación por auditores asesores legales o cualquier otro colaborador que ocasionan tiempos de espera injustificados para la práctica de la IVE; ni se deben suscribir pactos individuales o conjuntos para negarse a practicar la interrupción del embarazo.

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Minsalud descartó que la resolución vaya a generar una despenalización del aborto. // Colprensa

Los derechos consignados en la resolución

La mujer que requiera una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe hacerlo desde una postura autónoma, sin coacción de terceras personas ni escarnio público de ningún tipo, ya sea por parte de médicos o familiares.

En caso de que esto ocurra, deberá ser informado ante las autoridades competentes como las oficinas de control interno disciplinario, la Procuraduría General de la Nación, los tribunales de ética, la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.

Si una persona gestante que quiere realizar la IVE cubierta en las tres causante es migrante o refugiada, tiene posibilidad de vinculación con el régimen subsidiado o contributivo para que se haga el procedimiento de acuerdo al Plan de Beneficios en Salud.

Si no está afiliada, el acceso a la IVE, así como las demás atenciones relacionadas con la gestación, se considerarán urgentes y prioritarias y deben garantizarse dentro de cada ente territorial.

En los tres casos se requiere solo una certificación médica por parte del médico o psicólogo. En caso de violaciones, basta con que la conducta constitutiva de la causal haya sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o ante cualquier otra entidad con competencia para dar inicio a la investigación.

No se puede exigir la expedición de otros documentos, tales como la denuncia del hecho de violencia sexual si es una persona menor de 14 años, o el consentimiento de sus representantes legales para acceder a los servicios para la IVE si es menor de 18 años.