Colombia


Nuevo decreto que da reglas para conocer tutelas genera divisiones

Este decreto faculta al Consejo de Estado para conocer las tutelas en contra de la Presidencia de la República sobre seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos

COLPRENSA

07 de abril de 2021 04:45 PM

El nuevo decreto del Ministerio de Justicia que faculta al Consejo de Estado para conocer las tutelas en contra de la Presidencia de la República sobre seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos, dejó un sinnúmero de opiniones divididas.

La iniciativa del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, tiene como propósito que el Consejo de Estado sea la primera instancia de las acciones de tutela que ponen en las regiones en contra de los temas mencionados, es decir, que el juez municipal o local pierde la competencia.

Para Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación Excelencia a la Justicia, las críticas en contra del decreto no permiten evidenciar que con esta determinación se va a lograr “que tengamos jurisprudencia unificada y no que exista anarquía jurisprudencial, o mejor, múltiples decisiones judiciales sobre temas que advierten la mayor importancia para el ciudadano y la institucionalidad”.

El director dijo que no es descabellado que se le otorgue esa labor al Consejo de Estado debido a que este es un “órgano autónomo” y “va en línea de lograr un mayor experticio y un juicio si se quiere más especificado, para que una alta corte conozca de esas actuaciones judiciales”.

Para Herrera Mercado, “aquellos que critican este decreto olvidan precisamente de la independencia que posee el Consejo de Estado frente a la Rama Ejecutiva, elemento que es importante e indispensable en una democracia”.

Para Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, “la tutela es la joya de la corona del estado de derecho”, y en este caso, advirtió de un “excesivo presidencialismo”. El juez reprochó el hecho de que una sola corte conozca las tutelas en contra de la Presidencia. “Es un mensaje antidemocrático”.

Fuentes consultadas por COLPRENSA en la Corte Constitucional confirmaron que el decreto no resulta ser inconstitucional dado que este ya tiene un antecedente y no viola el documento de 1991.

En este caso, las opiniones están divididas, para varios sectores es claro que se podría generar vulneración a las comunidades indígenas y campesinas, quienes por medio de la acción de tutela han suplido necesidades respecto de la situación de ambiente, y erradicación que padecen en zonas alejadas.

Uno de los casos más recientes, es por ejemplo, las acciones de tutelas que han interpuesto comunidades en Nariño, quienes se rehúsan a que las fumigaciones con glifosato se retomen debido a que el daño ambiental y a la vida humana no es favorable. En este proceso, han denunciado el poco acceso de la comunidad en las audiencias que se han adelantado de manera virtual.

Las comunidades han allegado sus acciones legales a los jueces municipales y han tenido respuesta por parte de los mismos, no obstante, lo que queda cuestionan es la manera en la que la sociedad, desde lugares tan lejanos impongan una acción de tutela, dado que no tienen los mecanismos de internet, como lo han denunciado.

LO QUE DICE EL DECRETO

El documento de siete páginas, además de la clara directriz para el Consejo de Estado, también expone que las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces municipales.

Del mismo modo, las acciones legales que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

Una modificación con este Decreto relaciona también a las acciones de tutela en contra del Contralor General de la República, del Procurador General, del Fiscal General, del Registrador Nacional, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la República, del Contador General, del Consejo Nacional Electoral, en las que serán repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos.

Esta decisión también cobija a las determinaciones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud respecto de las medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitación o autorización de funcionamiento.

En un rango menor, el decreto también estableció que las acciones de tutelas dirigidas contra las actuaciones de los fiscales y procuradores serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen.

“Para el caso de los fiscales que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a prevención, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Para el caso de los procuradores que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a prevención, los Tribunales Administrativos”, dice el documento.

Del mismo modo, el documento relaciona que las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.

Sobre las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de

Estado serán repartidas, en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento.

Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda.