Luego de que se oficializará el retiro de las filas de once altos oficiales del Ejército Nacional por haber estado comprometidos en ‘chuzadas’ ilegales a más de 130 personas durante el año pasado, éste domingo la Oficina de la Alya Comisionado de la ONU en Colombia le dijo al gobierno de Iván Duque que “la inteligencia debe usarse para proteger derechos humanos y no para vulnerarlos”.
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En un comunicado se señala que “la Oficina expresa su profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, entre otras personas, a la vez que ratificó el “apoyo y su solidaridad con el trabajo legítimo de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos, jueces y otras personas, en Colombia”.
La ONU sin embargo destaca la decisión del Ministro de Defensa del “retiro de sus cargos de 11 oficiales al igual que dio a conocer las disposiciones adoptadas por
‘presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar’. La Oficina toma nota y reconoce las medidas adoptadas y reitera la urgencia de tomar todas aquellas acciones adicionales que sean orientadas a la prevención y a garantizar la no repetición de estos hechos”. Lea también: Prensa extranjera rechaza espionaje del Ejército de Colombia
Igualmente se recuerda que la Alta Comisionada desde 2009 pidió a Colombia “tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales, a avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos y a implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría”.
También se precisa desde la ONU que “Colombia es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de otros tratados internacionales de derechos humanos que se ha obligado a cumplir y respetar. Fortalecer el espacio democrático implica crear un clima propicio y brindar garantías plenas para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, de la libertad de asociación y de la libertad de participación política”.
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