En las próximas horas se materializará el traslado del controvertido líder indígena Feliciano Valencia a la finca Gualanday, ubicada en el vereda San Pedro, zona rural de Santander de Quilichao, norte del Cauca.
El trasladado se debe a un cambio del sitio de reclusión ordenado por el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Popayán, el cual acogió la petición de la defensa de Feliciano Valencia de ubicarlo en un centro de armonización como forma de materializar la jurisdicción indígena ya que el condenado probó que era integrante del Resguardo Munchique Los Tigres.
La decisión, que se tomó en una audiencia realizada en la tarde del 13 de octubre, se basó en testimonios de integrantes de esta comunidad indígena así como constancias de que Feliciano Valencia, en pasadas ocasiones, ocupó posiciones de liderazgo dentro de dicho resguardo y además fue representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.
La determinación de traslado fue apelada por el abogado del militar que denunció a Valencia por el delito de secuestro simple, reclamó que el sitio no cumplía con los requisitos para que el integrante de la comunidad nasa cumpliera la condena a 16 años de cárcel.
“Ya en estos momento surtió el trámite de la apelación y el Ministerio de Justicia confirmó que Feliciano Valencia debía ser trasladado al Centro de Armonización Gualanday, ubicado en zona rural del municipio de Santander de Quilichao con el fin de garantizar la autonomía de la jurisdicción indígena.
Por otro lado, aún está en trámite la revisión de la condena, que es un proceso aparte”, explicó el actual consejero mayor del Cric, Carlos Maca.
En estos momentos, Feliciano Valencia se encuentra en las instalaciones del Penal de Máxima y Mediana Seguridad de Popayán (cárcel San Isidro) cumpliendo algunos protocolos y en las próximas horas será llevado a Santander de Quilichao por una comisión integrada por el Inpec y la Guardia Indígena.
Para el abogado penalista Germán Pabón, esta decisión judicial “es un triunfo de la vigencia y aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena, y constituye un llamado a los jueces de la jurisdicción ordinaria para que apliquen la Sentencia T-921 de 2013, donde se establece que las poblaciones indígenas tienen derecho a administrar su propia justicia y que, por tanto, sus miembros deben ser juzgados por sus autoridades, de acuerdo con sus normas, usos y costumbres.
Hay que recordar que los hechos por los que fue condenado este líder nativo se registraron en el año 2008 en La María, Piendamó, cuando en ese entonces las comunidades retuvieron a un suboficial del Ejército en medio de una protesta y le aplicaron el denominado ‘remedio’ acusándolo de estar infiltrado en la movilización indígena.
((EL DATO))
La foto corresponde al momento que asiste a la audiencia ante Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Popayán y donde le fue notificado de su trasladado a un predio rural de Santander de Quilichao.
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