En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora este 5 de junio, la Alianza por el Acuerdo de Escazú, compuesta por WWF, Dejusticia, la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, entre otras organizaciones y asociaciones que la conforman, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que impulse de manera urgente la ratificación de este tratado, que promueve la protección de personas defensoras del ambiente.
Aunque el 11 de diciembre de 2019 el gobierno firmó y se comprometió a ratificar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo que promueve la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección de líderes ambientales, el acuerdo fue presentado siete meses después al Congreso. Y aunque tiene mensaje de urgencia, no ha sido votado por las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes.
Hasta el momento, se han realizado dos audiencias públicas y un foro regional, y este miércoles 9 de junio se reabriría el debate con un foro convocado por las Comisiones Segundas.
El Acuerdo de Escazú entró en vigencia el pasado 22 de abril, luego de que fuera ratificado por 12 estados. Sin embargo, las organizaciones de la Alianza hacen un llamado a las autoridades del país a cumplir el compromiso que adquirieron con el acuerdo.
“Ahora es necesario que Colombia asuma el compromiso que manifestó con la firma de este el 11 de diciembre de 2019, como una oportunidad histórica para fortalecer la paz, la democracia ambiental y la seguridad de las personas que trabajan en la defensa del ambiente”, indicaron las organizaciones.
Según los miembros de la Alianza, este acuerdo es clave, pues busca “proteger los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, así como garantizar seguridad a quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”.
Además, indican que el mismo garantizará los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales con entornos seguros y libres de violencia y fortalecerá la institucionalidad ambiental, las políticas públicas y los procedimientos ambientales en el país.
Las organizaciones resaltaron que en medio del momento que vive el país, el Acuerdo será una herramienta fundamental para impulsar consensos, para unir a la sociedad en torno a la protección de las personas que defienden el medio ambiente y para aunar esfuerzos para trabajar en alcanzar las metas y compromisos para lograr un desarrollo sostenible para el año 2030.
“Es importante recordar que el Acuerdo de Escazú busca regular y articular los derechos socioambientales y derechos humanos y que ha involucrado a la participación ciudadana desde el día cero”, indicó Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad, que hace parte de la Alianza.
“La difícil situación de seguridad de los líderes ambientales y sociales en el país, hace imperativo mostrar señales claras por parte del Gobierno Nacional y del Congreso de la República que evidencien su voluntad de protegerlos y que les permita ejercer sus derechos sin temor”, agregó por su parte Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia.
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