Con motivo del noveno aniversario de la Sentencia C-355 de 2006, que garantizó el acceso al aborto en Colombia, el cual se conmemora este jueves, activistas solicitaron al Gobierno Nacional y a la comunidad en general proponer una legislación que garantice no solo lo que atañe a la salud, sino también a la educación y a la información.
Mónica Roa, directora para Latinoamérica de Women’s Link Worldwide, explicó que uno de los obstáculos que tiene el país en el tema de los derechos sexuales y reproductivos es el de entender este tema de una manera integral en donde no se piense en el aborto como un tema aislado, sino que venga de la mano con una educación cívica y sexual de calidad.
La activista asegura que esto se logra con el fácil acceso a los métodos anticonceptivos, con la garantía de condiciones para el desarrollo de embarazos y partos seguros, con la posibilidad de acceder a técnicas de reproducción asistida, con protección frente a la violencia sexual y con la posibilidad de adoptar y dar en adopción, e incluir la interrupción del embarazo, como un elemento más, que tienen que hacer parte de todos los derechos sexuales y reproductivos.
Para Roa, este es el escenario que el país debe tener en un eventual escenario de postconflicto, en el cual se reflejan oportunidades para reconstruir familias, que a su vez, reconstruyan sociedades respetuosas de las diferencias que existen, y que permitan desarrollar un proyecto de vida con libertad.
En este orden de ideas, resaltó la importancia de que los ciudadanos y las autoridades se tomen en serio las políticas de educación sexual, y se generen modelos inspirados en el español, donde se juntan la educación sexual y la cívica, ya que “si las familias son el resultado de los accidentes, es difícil lograr un país pensado y proyectado a futuro.
En este orden de ideas, hizo una invitación a tener un marco más amplio, más aún, en el momento que vive Colombia, “en donde el reconocimeinto de estos derechos son una oportunidad muy grande para que Colombia consiga una verdadera paz sostenible, en donde se respete la diversidad y los derechos de los ciudadanos.
Finalmente, dijo que la sentencia que hoy cumple su noveno aniversario, abrió una discusión saludable para el país, la cual ha fortalecido la democracia, incentivando el entendimiento de que las leyes protegen nuestros derechos, y a su vez esto ha generado mucho respeto a la diversidad en Colombia y a las creencias de los ciudadanos.
A su turno, Lucía Mazarrasa, enfermera y feminista española, quien contribuyó al debate sobre derechos sexuales y reproductivos en la transición a la democracia de su país, respaldó el hecho de que ha sido un paso fundamental la sentencia preferida en 2006.
Sin embargo afirmó que su aplicación necesita de una legislación más clara, que haga realidad la accecibilidad al aborto.
Comentó que en su país aunque ha mejorado el tema de los derechos sexuales y reproductivos, aún la ley no es clara con este tema, e invitó a Colombia parra tomar este caso como ejemplo, además de pensar en un eventual postconflicto, y evitar un vacío legal, que limite el derecho de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida, su libertad y su autonomía.
Finalmente, aseguró que es necesario hacer una legislación que garantice el acceso a la educación y a la información no solo en los colegios, sino en los profesionales de salud y de justicia con relación a estos derechos, y elementos educativos para la población masculina ya que asegura que solo ven a las mujeres como un objeto de su deseo, lo cual genera problemas de violencia sexual, de abandono y de evasión de responsabilidades, los cuales debe evitar la ley.
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