Por segundo día consecutivo el Gobierno volvió a defender ante el Congreso de la República, el uso de armas de fuego que se dio la semana anterior durante los desmanes, pero a la vez precisó que sí hay responsabilidades en abusos de algunos agentes serán judicializados.
Así lo expresaron ante la plenaria de la Cámara varios ministros, como también los altos mandos policiales. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sostuvo que en el caso de la muerte de Javier Ordóñez, desde el comienzo de la situación conocida hubo una determinación de separar a los agentes implicados.
Pero a la vez Trujillo, volvió a decir que no es cierto, como lo dicen algunos sectores políticos de la oposición, que la Policía es un grupo de bárbaros sin control, por el contrario insistió en que se tienen muchos controles en la selección y formación.
Aclaró que la Policía sí está autorizada a usar las armas de fuego, y precisó en que momentos. Sobre los hechos de la semana pasada explicó que a todos los agentes que las usaron se les abrió investigación, como también que se hizo un inventario a las municiones para saber quiénes las usaron.
El mindefensa insistió en que no habrá interferencia del gobierno frente a la investigaciones que adelanta la Fiscalía, como también la Procuraduría, en las que se buscar definir de forma individual las responsabilidades de los policías que hayan actuado de manera irregular.
Por su parte la ministra del Interior, Alicia Arango, señaló que en esta situación de orden púbico el único responsable es el gobierno nacional, sino también los alcaldes y los gobernadores. Aunque no lo expresó, su critica era dirigida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha cuestionado al gobierno nacional por la forma como se actuó en ese momento.
“Aquí todos debemos dar la cara”, sostuvo al decir que los alcaldes deben actuar de forma conjunta con la Policía Nacional y la Fuerza Pública, para preservar el orden público.
El comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Rodríguez reiteró que las investigaciones se deben hacer sobre hechos concretos y no sobre las especulaciones que lo que buscan es hacer daño a la institución. “Que no se siga especulando y haciendo especulaciones se hace daño a la institucionalidad y al país”, indicó al aclarar que una de las muertes de un joven la semana pasada en Bogotá no fue porque estuviera en la protesta, sino porque iba pasando cuando se estaba haciendo un atraco a algunos establecimientos comerciales del sector.
Los dos ministros, además insistieron en que sí hay una reforma a la Policía en marcha, la cual es estructural, y que la misma la orienta el propio presidente de la República, Iván Duque, lo que viene no de ahora sino de meses atrás.
Una de las citantes, la representante opositora, Juanita Goebertus, manifestó que “este no es un debate contra la Fuerza Pública, este es un debate al Ministro de Defensa, que ha sido incapaz de liderar una política de seguridad Nacional, de seguridad ciudadana o de ejercer autoridad civil sobre la fuerza pública y que fue incapaz de controlar los gravísimos hechos que se desataron el 9 de septiembre”.
Señaló además que hubo una falta de resultados en denuncias de abuso policial, fallas notorias de mando, entrenamiento y de preparación dentro de los miembros de la Policía y fallas graves en la inteligencia: “¿Cómo es posible que el Gobierno señale que había una actividad organizada de vandalismo, que había incluso infiltración de grupos de crimen organizado y sin embargo el Gobierno no hizo nada para prevenirlo?. El Gobierno no tenía un plan para enfrentarse a la toma de más de 40 CAI. ¿Qué está haciendo la inteligencia militar y por qué no se está destinando a lo que se necesita? ¿Qué está haciendo la inteligencia policial, qué está haciendo la investigación técnica judicial, que en estos casos no tuvo ninguna capacidad de prevenir?. Nadie dimensionó el nivel de movilización que esta indignación iba a generar y nadie tomó medidas para responder ni prevenir”, se preguntó.
En la citación el representante por la Alianza Verde, Mauricio Toro, aseguró fue víctima de discriminación por parte de agentes por su condición de ser homosexual, y le impidieron entrar a un juzgado en la capital del país.
“Yo Mauricio Toro, el primer congresista abiertamente homosexual y aún así he sido víctima de la discriminación por parte de la Policía. No hace mucho entrando a un juzgado de Bogotá al juicio por el caso de Sergio Urrego, la Policía me discriminó a mi por llevar la bandera los derechos LGTBI y la Policía me señaló y me impidió el ingreso por ser gay. Lo denuncié, aperturaron la investigación y no ha pasado nada, si eso le pasa a un congresista que es discriminado, cómo será con otra persona cualquiera en el país”, sostuvo el congresista.
Para Toro, es una práctica de la Policía Nacional “la homofobia” para con la población LGBTI. “Solo para darles algunas cifras, han sido más de 515 personas LGBT las víctimas de violencia policial entre 2013 y 2019, esto es un cortísimo periodo de 5 años, donde hay reportadas 515 violaciones de derechos fundamentales cometidos por agentes de policía en todo el territorio nacional, y eso que no estamos considerando el enorme subregistro existente, por amenazas o por vergüenza de las personas que viven en el closet sin poder reconocer públicamente su orientación sexual”.
Insistió en que “más allá de unos pocos casos aislados o manzanas podridas, en realidad la violencia y discriminación de la policía contra las personas LGBT, por la cantidad de casos, por su ocurrencia generalizada en todo el territorio nacional, y en especial, por la enorme impunidad de casos e investigaciones que terminar engavetadas sin siquiera identificar a los agresores, y mucho menos sin sanciones ni reparación para las víctimas, nos han llevado durante muchos años a denunciar que más casos asilados, este ensañamiento de los policías contra las personas LGBT parece más bien una practica sistemática, permanente, profunda y arraigada a las creencias y vivencias de la Policía”.
Otro congresista que denunció abusos por parte de la Policía fue el representante David Racero, quien aseguró que cuando era estudiante universitario fue golpeado en un CAI por agentes de la institución. “Fue cuando tenía 17 años, fui encerrado en un CAI, donde me golpearon, insultaron, incluso agentes llegaban a limpiarse sus botas conmigo, me tuvieron en la parte de atrás, el delito fue haber salido a una marchar cuando era estudiante de la Universidad Nacional, cuando salí a pedir el presupuesto para la educación pública”, señaló.
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