Proceso judicial por atentado al Andino no avanza después de dos años

17 de junio de 2019 07:08 PM
Proceso judicial por atentado al Andino no avanza después de dos años
El atentado al Centro Comercial Andino dejó tres personas muertas. // Colprensa

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Este lunes 17 de junio se cumplieron dos años del atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá, presuntamente cometido por miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), una célula urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Aquel sábado de junio de 2017 el centro comercial, uno de los más visitados al norte de Bogotá, entró en pánico pasadas las 5:00 de la tarde, cuando un artefacto instalado en el baño de mujeres del segundo piso explotó, dejando tres personas muertas, entre ellas una ciudadana francesa, y nueve heridas.

Días después capturaron diez personas que presuntamente hacían parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Las diligencias judiciales se llevaron a cabo a puerta cerrada en Paloquemao, por involucrar seguridad nacional. De lo que se dijo en la audiencia no se supo mucho, tan solo que en las casas de los implicados habían hallado material supuestamente usado en el ataque.

Los diez procesados fueron enviados a la cárcel y meses más tarde vincularon a un onceava persona al proceso, Violeta Arango, quien según las autoridades fue una de las cabezas del ataque terrorista que dejó atemorizado a toda la población y en luto a tres familias.

A Arango las autoridades no la han podido conseguir. Emitieron circular azul para dar con su paradero y ofrecieron una cuantiosa recompensa, sin embargo, lo que ha trascendido es que no está en el país. Sobre los otros procesados, han buscado apelaciones en su proceso, nulidades y revocatorias de la medida de aseguramiento, pero no ha surtido efecto.

A lo largo de la investigación lograron la libertad, pero la Fiscalía los envió nuevamente a la cárcel abriéndoles un nuevo proceso. Esta vez los vincularon directamente con el ELN. El fiscal del caso aseguró que los procesados, estudiantes de universidades públicas, habían estado en campamentos del grupo al margen de la ley recibiendo adoctrinamiento militar a cambio de información intelectual.

El proceso judicial no avanza mucho. Hasta el momento está en la acusación, espacio en el que la Fiscalía expone los argumentos por los cuales llamó a los procesados. El trámite está paralizado por una solicitud que hizo la apoderada de Natalia Trujillo Nova, una de las vinculadas, quien aseguró que el ente no expuso puntualmente los hechos que supuestamente realizó su defendida en el atentado.

De reparaciones integrales a las víctimas y familiares de las personas fallecidas tampoco se conoce mucho. El abogado penalista Francisco Bernate consideró que debían entregar una serie de subsidios, pero esto no ha ocurrido.

Por el momento, se espera que los procesados sean llamados nuevamente ante los estrados judiciales para avanzar con el proceso y determinar su culpabilidad en el hecho.

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