La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en un concepto enviado a la Corte Constitucional, pidió declarar inconstitucional la multa establecida en los procesos laborales, cuando se presenta un recurso de revisión sin cumplir los requisitos formales, por considerarla desacorde con el ordenamiento jurídico.
Lo anterior porque, según la jefa del Ministerio Público, la imposición de la sanción, que va de cinco a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, es una medida desproporcionada, ya que desconoce el derecho al acceso a la administración de justicia, el principio de igualdad y las garantías de debido proceso.
Esto porque esta norma contempla una consecuencia para los profesionales del derecho laboral que no se aplica en otros procesos, es decir los civiles y penales. Además ordena la imposición directa y automática de una multa sin un trámite previo que permita al abogado defenderse, así como no tener en cuenta si el profesional del derecho actuó con temeridad o mala fe en la presentación del recurso extraordinario de revisión.
Además la procuradora sostiene que “es razonable inferir que, ante la posibilidad de ser sancionados por el rechazo de los recursos de revisión, los abogados se inhiban de hacer uso de estos y, por consiguiente, limiten indirectamente el alcance de su gestión en detrimento de sus representados”.
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