Por considerar que la Superintendencia Financiera luchó con todos los medios con que contaba para enfrentar la captación ilegal de dinero a través de las denominadas ‘pirámides’, la Procuraduría absolvió a siete funcionarios y exfuncionarios de la entidad, quienes eran investigados por posible omisión de sus funciones.
El fallo beneficia al superintendente Financiero, César Prado Villegas; el superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional, Rafael Eduardo Neira Torres; el superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional (encargado) Segismundo Méndez Méndez y el superintendente delegado para Intermediarios Financieros, Luis Francisco Ogliastri Gil Falco.
Igualmente, fueron absueltos el director de Supervisión Institucional Uno, Justo Walter Romero León; el director de Supervisión Institucional dos, Rodolfo Aquilino Cifuentes Bustos y el director legal para Intermediarios Financieros Jesús Heraclio Gualy.
“El Estado Colombiano, las distintas instituciones que intervinieron para frenar e impedir que se continuara realizando la captación ilegal de dineros del público y en especial la Superintendencia Financiera, realizaron acciones claramente encaminadas a enfrentar dicho fenómeno haciendo uso de las herramientas y medios de que disponían”, estipuló la Procuraduría en el fallo.
La Procuraduría señaló que los investigados no incurrieron en falta disciplinaria por incumplimiento de sus funciones y que, de hecho, las acciones que hizo la entidad se adelantaron “con diligencia y eficiencia”.
En el caso de DMG Grupo Holding S.A., la actuación de los funcionarios, dijo la Procuraduría, “respondió a la política diseñada por el entonces superintendente César Prado Villegas, que junto con su equipo directivo de trabajo y los funcionarios adscritos al área de Supervisión e Intermediación financiera, pusieron en marcha, desde el año 2008, el propósito de desarticular dicha organización”.
El análisis de las pruebas acreditó que los funcionarios realizaron un seguimiento oportuno del desmonte de las operaciones del Grupo DMG S.A., y de la Corporación Superservi, y que desde el momento de la imposición de la medida cautelar que ordenaba la suspensión de las operaciones financieras, la devolución de los dineros y la presentación de un plan de desmonte, “se hizo el seguimiento al cumplimento de dichas medidas con términos precisos y control oportuno y constante a los mismos”.
De otra parte, la Procuraduría evidenció que la Superintendencia actuó dentro de los plazos razonables frente a Proyecciones DRFE, toda vez que ordenó y practicó una visita de inspección y dictó la medida cautelar antes de los “dos meses después de haberse finalizado la visita y un mes después de haberse rendido el informe de inspección, tiempos relativamente cortos para este tipo de actuaciones y que pueden calificarse de razonables y adecuados para los fines propuestos”.
El Ministerio Público también examinó los casos de la Promotora Costa Caribe Corporación Turística Sol Caribe y Grupo Network Inversiones LTDA y acreditó que las actuaciones adelantadas por la Superintendencia se cumplieron en términos de oportunidad.
Colombia
Procuraduría absuelve a funcionarios de la Superfinanciera
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