La Procuraduría General de la Nación formuló varios cuestionamientos al decreto que crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que pondrá en marcha el plan de acción en contra de organizaciones criminales que atenten contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales.
En concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público señaló que unos apartes del Decreto Ley 154 exceden las facultades concedidas al Presidente de la República para expedir decretos en materia de paz y por eso deben ser ‘tumbadas’ por la Corte.
Por ejemplo, señala que “la creación de una comisión interogánica para el diseño y seguimiento de políticas públicas, implica la alteración de la estructura administración pública, motivo por el cual, resultaría una temática, si bien reservada a la Ley, igualmente de iniciativa gubernamental. Ello quiero decir que si el Congreso quisiera modificar este Decreto, ya sea para cambiar las funciones de la referida comisión o para suprimirla, estaría sometido a la iniciativa gubernamental”.
En concreto, se pide a la Corte tumbar un parágrafo que permite sufragar los gastos de desplazamientos y alojamiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad cuando sesiones por fuera de Bogotá.
La Procuraduría pide a la Corte que especifique si estos decretos de paz pueden utilizarse para hacer gastos públicos, ya que es el Congreso quien pueden crear las herramientas para que el Ejecutivo haga el manejo presupuestal.
El Ministerio Público también presentó cuestionamientos a otro apartado del decreto que faculta a la Comisión a crear políticas de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y que aclara que "dichas medidas nunca significarán reconocimiento político”.
Para la entidad, esta expresión tiene varias formas de interpretarse y la única válida es entender que la Comisión no tiene competencia para calificar como delitos políticos los cometidos por dichas organizaciones.
“No es posible constitucionalmente admitir que un texto normativo adoptado por el Ejecutivo, en un Decreto Ley, tenga la potencialidad de asumir competencias que se escapan de su ámbito, como sería la de definir la naturaleza política de los delitos que deben ser perseguidos por la referida comisión”, dice la Procuraduría.
El caso está en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos.
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