Oneida Rayeth Pinto Pérez, exgobernadora de La Guajira, fue sancionada con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, por la Procuraduría General de la Nación, que comprobó irregularidades en un contrato por $20´453.932.366, suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.
El órgano de control evidenció que la funcionaria faltó a los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal en la suscripción del contrato 009 del 8 de marzo de 2016 con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS).
“No existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”, estableció el ministerio público.
A pesar de que la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió en un informe de cinco puntos que podrían presentarse irregularidades en este proceso licitatorio el proceso siguió su curso.
El fallo cobija también a la exsecretaria de Educación, Bely Gneco, al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.
Finalmente, La conducta de la exgobernadora fue calificada de forma definitiva como falta disciplinaria gravísima a título de culpa gravísima.
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