La Procuraduría General de la Nación instó al Gobierno nacional y a la Gobernación de Putumayo a definir estrategias eficientes que brinden soluciones inmediatas frente a los retrasos en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- en Putumayo, y respondan a los incumplimientos relacionados con la falta de recursos para la puesta en marcha de proyectos productivos.
Para el Ministerio Público es necesario que las 20.331 familias del departamento del Putumayo que se acogieron al PNIS vean materializados los acuerdos en proyectos productivos, la contratación de recolectores que realicen actividades de gestión comunitaria, y el avance en la provisión de bienes y servicios públicos que contribuyan a la transformación estructural del territorio.
Del total de beneficiarios en Putumayo, 11.874 núcleos familiares se vincularon en calidad de cultivadores, 4.624 como no cultivadores, y 3.833 como recolectores. De este grupo 2.246 familias, ubicadas en los municipios de Puerto Guzmán, Valle del Guamuez y Puerto Asís, se encuentran suspendidas del programa, por lo que la Procuraduría solicitó acelerar el trámite administrativo y resolver la petición de continuidad a la mayor brevedad.
La PGN también advirtió que es preciso articular el trabajo que adelanta el PNIS con una estrategia de seguridad en el territorio.
El ente de control pidió al Gobierno nacional establecer una ruta clara con modelos alternativos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y crear un espacio de trabajo con las familias que no están vinculadas al PNIS, que involucre de manera permanente a los representantes de la Gobernación de Putumayo y de las alcaldías de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, que ponga en marcha acciones para dar respuesta a las problemas que enfrentan la comunidades con relación o por origen de los cultivos ilícitos.
Frente a los hechos que cobraron la vida de un campesino en las manifestaciones del 3 de julio, y de un joven en enfrentamientos con el ESMAD el pasado 20 de julio, el Ministerio Público urgió activar la Mesa de Derechos Humanos para que se garantice la seguridad, vida e integridad de los campesinos de Putumayo y retomar de manera prioritaria los espacios de diálogo con las comunidades campesinas.
La PGN continuará con el seguimiento a los compromisos y avances que se desprendan de los espacios de diálogo, para garantizar que se concreten acciones puntuales que garanticen el respeto a la vida de las campesinas y los campesinos del departamento de Putumayo.
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