La muerte de dos bebés, una niña de 20 días de nacida en Arauca, y un niño de cuatro meses en Barranquilla, llevó a la Procuraduría General a solicitarle a la Fiscalía General, que abra investigación contra 68 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), porque presuntamente se negaron en atender las órdenes de traslado emitidas por la EPS Saludvida.
De acuerdo con el organismo de control, en la solicitud le entregó el listado de las IPS, que previamente fue suministrado por la Superintendencia Nacional de Salud, pues según la Procuraduría hubo clínicas y hospitales que “se negaron a recibir en sus unidades de cuidados intensivos a los dos bebés”.
Con la solicitud de investigación, lo que se busca es determinar si se presentó la comisión de algún delito por parte de funcionarios y directivos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, teniendo en cuenta la condición crítica de los pacientes.
De igual manera, la Procuraduría le pidió a la Supersalud adelantar las investigaciones administrativas frente a las IPS y determinar las acciones adelantadas por Saludvida para garantizar la atención de los bebés y “evitar barreras de acceso en la presentación de servicios médicos”.
En una carta enviada al superintendente, Fabio Aristizábal, el ente control alertó sobre el incumplimiento normativo en el que podrían haber incurrido las clínicas y hospitales denunciados, así como la EPS.
“En su denuncia la Procuraduría señaló que para el caso Arauca, 32 IPS con servicios de IV nivel de atención conocieron la historia clínica y no aceptaron el ingreso de la bebé de 20 días de nacida, mientras que en Barranquilla, la solicitud de traslado fue presentada a 36 IPS, con servicio de UCI, que también negaron la prestación del servicio alegando no tener disponibilidad de camas”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.
Finalmente, el Ministerio Público recordó que los niños hacen parte de una población objeto de protección especial, mucho más cuando está en riesgo el derecho a la vida, lo que obliga a las EPS a poner en marcha todas las acciones que sean necesarias para garantizar el servicio de salud, a través de su red de prestadores de servicio, o a través de instituciones públicas o privadas.
Aunque la EPS Saludvida no se ha pronunciado puntualmente sobre esta solicitu de la Procuraduría, en un comunicado publicado el pasado viernes, señaló que había hecho pagos por $77.669 millones, dirigido a IPS y Empresas Sociales del Estado (ESE), argumanetando que “confía en que los prestadores de servicios de salud contienen atendiendo a los afiliados de esta aseguradora con el objeto de garantizar el derecho a la salud y a la vida”.
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