La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que avale la ley 1865 de 2017, que permite la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
Se trata de una ley que tuvo que tramitarse después que la Corte Constitucional tumbara el decreto 298 de 2017, por considerar precisamente que estas disposiciones no podían dictarse mediante un decreto.
La ley dispone que para poder ampliar la planta de personal es necesario exceptuar a la Unidad Nacional de Protección de la limitante que impide que los gastos en la planta de personal de las entidades públicas no superen, en promedio, el 90 por ciento de la meta de inflación esperada cada año.
En concepto enviado a la Corte, la Procuraduría destacó que en el Acuerdo de Paz se pactó implementar un Programa de Protección Especializada para los integrantes del nuevo partido de las FARC durante sus actividades.
“Como la implementación del Acuerdo Final requiere un crecimiento extraordinario de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, y correlativamente ello implica autorizar las posibilidades de crecimiento presupuestal de la mencionada Unidad, se justifica el uso del procedimiento legislativo especial para la paz con el fin de introducir una excepción a las reglas ordinarias previstas por la Ley Orgánica de Presupuesto, como en efecto se hace”, señaló la entidad
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