La Procuraduría General de la Nación le pidió, el pasado 30 de noviembre, a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma que no reconoce como servidoras públicas a las madres comunitarias.
La solicitud, que fue enviada en un concepto al alto tribunal, señala que no otorgarles esa calidad va en contra de la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital de quienes desarrollan esa labor.
Al rendir este concepto sobre la constitucionalidad de la Ley que dictó normas en materia tributaria (artículo 36 de la Ley 1607 de 2012) y que no las reconoce como servidoras públicas, la Procuraduría indicó que “no es constitucionalmente admisible que por más de 30 años el Estado haya empleado a una cantidad considerable de mujeres para prestar un servicio público, y a la vez desconozca sus derechos laborales al no destinar los recursos suficientes para remunerar sus labores de manera regular”.
Por otra parte, el organismo de control señala que negar los derechos laborales de los ciudadanos afecta su goce del mínimo vital y dificulta su acceso al Sistema de Seguridad Social, mecanismo de protección para toda la población del que no deben ser excluidas las madres comunitarias, destacando que “no reconocerlas como servidoras públicas es contrario al principio de igualdad establecido en la Constitución”, dado que todos los trabajadores, sin discriminación, tienen derecho a laborar en condiciones dignas y justas.
Finalmente el organismo destacó que la Constitución también prohibe las discriminaciones en razón del sexo y propende a una especial protección de las mujeres dedicadas a velar por la población vulnerable, trabajo que debe ser valorado por la enorme contribución que realizan al Estado y a la sociedad.
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