El procurador Fernando Carrillo anunció que desde el Ministerio Público le pusieron la lupa a 2.017 contratos firmados en el marco de la contingencia que padece el país por cuenta del COVID-19.
Carrillo señaló que hay delitos de por medio por lo que no descarta compulsar información a la Fiscalía sobre tales actuaciones. “Robarse los recursos de los pobres es un delito. Aparecen talleres de mecánica repartiendo mercados. No deben utilizar los mercados para hacer política en medio de esta contingencia”, señaló el jefe del ente de control en Noticias Caracol.
Lo que dijo Carrillo es que junto con la Contraloría le pondrán la lupa a los contratos celebrados que oscilan hasta en 800 mil millones de pesos. El propósito de la Procuraduría y la Contraloría es proteger a la población más vulnerable con medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en las contrataciones, así como la transparencia y legalidad de cualquier gasto derivado de la emergencia.
Las dos entidades hicieron un llamado puntual para que los recursos públicos no sean utilizados para gastos diferentes, publicidad innecesaria asociada al COVID-19, el pago de deudas de las entidades, y contratos o compras que no permitan atender la emergencia o que si bien están relacionadas con la pandemia resulten onerosas.
Por ello, la lupa está sobre las entidades que realizan acciones indebidas con los recursos. Los entes de control aseguraron que se están verificando conductas que no son admisibles, como la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies, la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable o necesitada que se ha visto afectada por la pandemia.
Además de eso, la contratación de construcción de parques no relacionados con la emergencia, los contratos para publicidad sobre conocimientos y cuidados del Covid-19 dirigidos a población con acceso a televisión e internet que tienen información suficiente. Del mismo modo le pusieron la lupa a los contratos suscritos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica cuyo objeto social es la organización de eventos sociales.
Revisaron también los contratos celebrados para el suministro de un número determinado de kits de elementos de aseo que son entregados de forma parcial o incompleta, y contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos.
Finalmente, indicaron que es deber de las entidades territoriales preferir la compra de los bienes y servicios que están disponibles en las grandes superficies y en la ‘Tienda Virtual del Estado’ colombiano, que hoy pone a disposición, elementos tales como alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores, yodo, entre otros
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