La Procuraduría General de la Nación se pronunció este lunes sobre la polémica que generó el Decreto 1851 de 2021, que firmó el pasado 24 de diciembre el presidente Iván Duque, bajo el cual se adicionan más de 1.200 cargos nuevos a la entidad.
En la norma se establece que entre los nuevos cargos a crear se encuentran 20 asesores nuevos para el despacho de la procuradora General, Margarita Cabello, un director en el despacho del viceprocurador, 10 nuevos procuradores delegados, 32 procuradores regionales, un procurador distrial, entre otros.
Al respecto, la Procuraduría, a través de un comunicado de diez puntos, explicó que el Decreto se da con el fin de dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que llevó a la separación de las funciones en la entidad.
Según el comunicado, la CIDH “impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria, generando la necesidad de separar las funciones de la entidad: designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento”.
También señaló que fue el Congreso de la República quien expidió la Ley 2094 de 2021, a través de la cual se ordenó a la Procuraduría garantizar la independencia de la instrucción y el juzgamiento, y la conformación de tres salas disciplinarias, una de ellas exclusiva para servidores públicos.
En otro de los puntos resaltó que la provisión de estos cargos no generará adiciones al presupuesto ordinario, que corresponde al 0,29 % del presupuesto nacional.
1. La Procuraduría debe dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria, generando la necesidad de separar las funciones de la entidad: designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento. Función que anteriormente estaba unificada en un mismo servidor de la Procuraduría.
2. En cumplimiento de esta decisión, el Congreso de la República expidió la Ley 2094 de 2021, por medio de la cual “se reforma la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y se dictan otras disposiciones”, ordenando a la Procuraduría garantizar la independencia de la instrucción y el juzgamiento (central y territorial), y, al más alto nivel, la conformación de tres (3) salas disciplinarias, una de ellas exclusiva para servidores de elección popular.
3. La Ley 2094 de 2021 impuso, además, la garantía de doble instancia y doble conformidad en todas las actuaciones disciplinarias, lo que genera mayores demandas de planta de personal y de estructura organizacional.
4. La Ley 2094 de 2021 eliminará definitivamente la figura de la caducidad en el término de 30 meses desde su fecha de promulgación, es decir, el 29 de diciembre de 2023. Esto implica la necesidad de ampliar la capacidad institucional para evacuar los procesos disciplinarios en un término de 5 años, so pena de la prescripción.
5. La Procuraduría General de la Nación tiene una carga laboral, en materia disciplinaria, de al menos 75.000 procesos activos. De estos, a la fecha están en riesgo de prescripción aproximadamente 12.000; que deben ser evacuados en los términos previstos en la Ley.
6. Para responder a todos estos requerimientos, necesidades y deberes misionales, se realizó un estudio de funcionamiento de la entidad, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que se analizaron las cargas laborales, la planta existente de la Procuraduría y las competencias asignadas.
7. Este estudio concluyó que las necesidades y demandas de la Procuraduría para implementar la Ley 2094 de 2021 y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana eran imposibles de satisfacer con la planta de personal actual, por lo que recomendó ampliarla en diferentes niveles.
8. Con fundamento en este estudio y el presupuesto apropiado a la Procuraduría para la vigencia 2022, se definió la creación de 1.208 cargos, exclusivamente para el fortalecimiento del eje misional disciplinario, de acuerdo a la delimitación de la Ley 2094 de 2021.
9. LA PROVISIÓN DE ESTOS CARGOS, QUE SERÁ GRADUAL DURANTE 2022, NO GENERARÁ ADICIONES AL PRESUPUESTO ORDINARIO APROPIADO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que corresponde al 0.29% del presupuesto nacional, es decir, similar y constante al apropiado anualmente desde el año 2017.
10. Los cargos a proveer son de diferentes niveles y buscan el fortalecimiento de la función disciplinaria, de acuerdo con las necesidades del servicio, buscando promover políticas como la de primer empleo y la de la profesionalización de la planta de la Procuraduría General de la Nación:
El 89% de los empleos a crear (1.080) son de carrera administrativa.
El 22% del total de cargos a crear (269) corresponde a promover el acceso al programa del primer empleo.
Como ha sido el espíritu del trabajo interdisciplinario de la administración de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualizar el Código Disciplinario Único tras casi dos décadas, esta reforma estructural de la Procuraduría General de la Nación busca:
Combatir la corrupción y defender el Estado de Derecho mediante decisiones disciplinarias prontas y cumplidas, garantizando el debido proceso y la justicia que demanda la sociedad.
Fortalecer la capacidad de respuesta de la Procuraduría ante los más de 75 mil procesos disciplinarios activos que se recibieron en enero de 2021.
Garantizar las competencias disciplinarias de la Procuraduría frente a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular, en defensa de la institucionalidad y el Estado colombiano.
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