En el Senado de la República será clave la discusión del proyecto de Acto Legislativo que busca que en futuras negociaciones o acuerdos como el firmado con la antigua guerrilla de las FARC los delitos sexuales contra menores de edad no sean juzgados por la justicia transicional, sino por la ordinaria.
Una de las justificaciones de los promotores de este proyecto consiste en que los derechos de los niños deben estar por encima de los demás y deben ser prioridad para el Estado, independientemente de si estos son cometidos en el marco del conflicto armado o no.
Sin embargo, se advierte desde el Gobierno y el Centro Democrático que este acto legislativo no afectaría el acuerdo de Paz de La Habana debido a que aplicaría para futuras negociaciones.
La discusión de este proyecto se da en el marco de la disputa que hay en el Congreso por la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños porque no se ha podido avanzar lo suficiente en este articulado, pese al concepto favorable del Consejo Nacional de Política Criminal.
De hecho, la mesa directiva del Senado hace pocos días le pidió a la Cámara de Representantes no dilatar más esta discusión para que el país pueda tener pronto la aprobación de este acto legislativo.
El senador Luis Fernando Velasco es uno de los que se ha manifestó en contra del concepto favorable que tomó el Consejo de Política Criminal sobre esta reforma argumentando que es una decisión que ameritaba q una amplia deliberación al interior del Consejo de Política Criminal.
“Creo que Colombia no puede seguir caminando hacia el populismo punitivo que a cada problema social le tiene un tipo penal con altas penas, y por ello no estoy convencido que la cadena perpetua sea la solución para el grave problema que se quiere enfrentar, máxime que hoy esas conductas contra los niños están castigadas fuertemente y sin posibilidad de rebajas de penas”, dijo Velasco.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, hace poco hizo nuevamente un llamado al Congreso para que tramite con urgencia el proyecto de acto legislativo que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.
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