El aplazamiento, o en su defecto el hundimiento, parecen ser por ahora los caminos a los que estaría abocado el proyecto de ley por medio del cual se busca reformar el sistema de salud en Colombia, y que pretende, entre otros puntos, acabar con las EPS y crear una figura de aseguradoras en salud.
El proyecto, que fue de autoría congresional del partido Cambio Radical, cuenta con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, por lo que la aprobación de este tiene especial interés para el Ejecutivo, pero la iniciativa hasta el momento ha tenido muchos cuestionamientos, que la tienen a punto de hundirse o de aplazarse hasta el otro periodo de sesiones a mediados de marzo.
La reforma a la salud hasta el momento ha tenido cuatro audiencias públicas, en las cuales recibió el rechazo de agremiaciones médicas y de organizaciones de salud, que estimaron que el proyecto, de ser aprobado, lo que hará es afectar a los usuarios al incrementar sus costos y desmejorar el servicio.
Aunque está para su discusión, el proyecto está muy retrasado en su trámite: estaba previsto discutirse el fin de semana, pero ante la falta de la ponencia, las Comisiones Séptimas no pudieron comenzar su discusión. De acuerdo a lo informado este lunes, la apertura del debate sólo se daría hasta el miércoles, pero dependerá que se tenga un texto listo para discutir.
Si la discusión y aprobación se da esta semana y el gobierno quiere que salga aprobado antes del cierre del año, deberá convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, porque las sesiones ordinarias van hasta el 16 de diciembre, por lo que el tiempo ya es otro de los enemigos que tiene la iniciativa.
¿EPS O AS?
El centro de la discusión que plantea la reforma está en la forma como deben operar las EPS, entidades que han sido la base del sistema de salud en el país desde que se expidió la Ley 100 de 1993.
Según Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, al convertir las EPS en AS o Aseguradoras en Salud, lo que hace el proyecto es “institucionalizar mediante la ley la prestación de servicios de salud a través de pólizas de aseguramiento privado individual”, un modelo que, según dice, es similar al que existe en Estados Unidos, uno de los países con más baja cobertura de aseguramiento en salud en el mundo.
De aplicarse este modelo, añade, los costos de atención en salud aumentarían, mientras que la cobertura de servicios se disminuiría. “Es un proyecto de ley que para nada reglamenta la ley estatutaria de salud; lo que haría, de llegar a a aprobarse, es profundizar el modelo muy de mercado de la Ley 100”, afirma Isaza.
Gustavo Morales, presidente de ACEMI, organización que agrupa a las EPS, asegura, sin embargo, que la idea de fortalecer el aseguramiento en salud, que plantea el proyecto es importante, aunque reconoce que hay puntos en él que desvirtúan ese propósito.
Por ejemplo, señala que “varios articulos le cortan las alas a las aseguradoras, les impiden incluso el elemental derecho a recibir la prima por asumir el riesgo de salud de sus afiliados, y las homogeneiza a todas en un molde unico de atención, eliminando la competencia y la posibilidad de innovar”.
Según Morales, al eliminar esta prima, las EPS pierden el incentivo para gestionar los riesgos de salud de los afiliados. “Asegurar consiste en asumir el riesgo, y el proyecto parece contradecir ese concepto”, dice.
Otro punto que genera debate es que el proyecto abre la puerta para que inversionistas no necesariamente vinculados a la salud puedan invertir en el sector. Para Isaza, esto puede ser desastrozo para las entidades del sector público.
“Cuando usted un servicio tan importante como el de la salud lo privatiza al 100 por ciento, toda la infraestructura pública no puede competir con hospitales que están integradas verticalmente por empresas de inversionistas, que tienen toda una infraestructura, como las clínicas más desarrolladas del país, entonces vienen inversionistas y las compran no a precio de huevo, sino de cáscara de huevo”, dice.
Morales, en cambio, opina que es necesario traer recursos al sector y más bien le preocupa que el proyecto le dé facultades al superintendente de Salud para regular a quienes quieran invertir. “Eso espantaría la llegada de fondos de inversión, de un Amazon o de un SoftBank al sector, innecesariamente”, afirma.
VARGAS URGE SU DISCUSIÓN
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que defiende la reforma, se quejó de que el Congreso no le haya dado a la reforma la agilidad que requiere su trámite, a pesar del mensaje de urgencia que el Gobierno envío al Congreso.
Vargas hizo los planteamientos en la columna de opinión que tiene en el periódico El Tiempo, en donde señaló que teme mucho “que, faltando apenas dos semanas para el fin de las sesiones, no se conseguirá que al menos haga trámite. Qué falta de compromiso del Gobierno, del propio ministro, en buena parte inspirador de esta reforma, y de los presidentes de las comisiones séptimas; y, por supuesto, de los ponentes”.
Manifestó, además, que “cuando todos pensábamos que la salud ocuparía el primer lugar entre las prioridades de Gobierno y Congreso, resulta que ocupa el último, seguramente en razón de las insuperables presiones y el cabildeo de los poderosos intereses del sector salud”.
Para Vargas, esta reforma es fundamental para dar la transparencia al manejo de multimillonarios recursos que tiene el sector de la salud, que al año tiene más de 37 billones de pesos.
En el proyecto original se plantea la atención primaria integral, la operación del modelo básico del médico de familia, el auxilio de maternidad, la unificación de los beneficios del POS y el No POS en un periodo de dos años, entre otros.
Sin embargo, en el borrador que se tiene de la reforma a la salud los ponentes no incluyeron el auxilio de maternidad, tampoco la unificación de los beneficios del POS y del no POS. Se elimina también el proceso de depuración planteado para las EPS, no se incluyó el tope a los gastos administrativos de las EPS.
En la ponencia no irá la creación del programa de saneamiento financiero, porque hay un riesgo de superposición de competencias con la Adres en el proceso de saneamiento. Así mismo, es inconveniente que la Superintendencia de Salud sea juez y parte en estos procesos y se establece el giro directo de recursos a los hospitales.
QUE SE HUNDA
Un sector de congresistas de la oposición e independientes pidieron este lunes que el proyecto se hunda, por lo inconveniente que es el mismo. Por ejemplo, el senador y candidato presidencial Jorge Enrique Robledo sostuvo que “es el colmo que el presidente Iván Duque y los duquistas estén aprovechando la pandemia para empeorar el sistema de salud, mejorándoles el negocio a unas EPS que terminarán en manos de trasnacionales, que también se quedarán con las IPS públicas y privadas”.
El representante a la Cámara Jorge Gómez Gallego sostuvo ese proyecto es rechazado por las organizaciones gremiales del sector salud, porque empeora la ley 100 y la situación laboral de profesionales de la salud. “La reforma a la salud del gobierno propone entregar un enorme poder a las EPS y sobre todo a las más poderosas. Por eso, el Proyecto de ley 010 de 2020 debe hundirse de manera definitiva”, declaró.
Para el presidente de Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores de la Salud, Yesid Camacho, quien participó en la rueda de prensa de los congresistas, “este es un proyecto de ley de negocios y no para mejorar el sistema de salud de los colombianos”. El presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, Jaime Melo, sostuvo que el proyecto como está no protege la red pública y va en contra de la ley estatutaria de salud.
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