El presidente del Banco Agrario, Francisco Solano, respondió a los cuestionamientos que realizó la Procuraduría General de la Nación sobre la posible afectación a más de 175 mil personas por cuenta de los retrasos en el programa de Vivienda de Interés Social Rural (Visr) 2010-2015 que fueron revelados por Colprensa.
Solano indicó que aún no conoce el informe remitido por el organismo de control, que señala entre otros, que estarían en riesgo casi cien mil millones de pesos que ya han sido comprometidos por los retrasos en la ejecución en 1.128 de los 1.1792 proyectos adjudicados entre 2010 y marzo de 2015. No obstante, Solano indicó que si bien en el pasado hubo fallas, ahora el programa finaliza y entrega el 100% de los proyectos.
“El Gobierno Santos se encontró con un programa de vivienda en un estado de siniestralidad demasiado alto y las aseguradoras, condición fundamental para que las casas se lleven a cabo y no se pierdan los recursos, estaban asustadas”, explicó el funcionario, por lo que se debió hacer un acercamiento para lograr las pólizas.
Solano indicó que el problema era que en 2015 la siniestralidad era del 50% y que esto ya no es así, debido al cambio de modelo de contratación. Este ahora no está a cargo de las alcaldías sino de gerencias integrales, que tienen que cumplir una serie de requisitos y terminar las casas: “Tenemos a cajas de compensación tan grandes y serias, si no las acaban tienen que asumir la póliza con el banco y no pueden volver a contratar con el Estado”, agregó.
“Hoy, todos los proyectos del 2014 para atrás, que tuvieron algún tipo de retraso, están contratados y creo que faltan dos o tres por pólizas. Pero los recursos están seguros, garantizados. Esto es totalmente transparente”, señaló Solano quien insistió en que el presupuesto del programa pasó de 10 mil millones de pesos a 600 mil para 2015.
EL INFORME DE LA PROCURADURÍA
El informe de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, al que tuvo acceso Colprensa, es de carácter preventivo alerta sobre las demoras del programa del Ministerio de Agricultura, que tiene como Gerente al Banco Agrario, asegurando el potencial riesgo del Patrimonio Público y a 175.300 personas si no se toman correctivos urgentes.
El documento fue puesto en conocimiento del Gerente de Vivienda del Banco Agrario, Sergio Agustín Suárez, y de la Ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, a fin que se tomen correctivos urgentes en la aplicación de esta iniciativa que pretende mejorar la calidad de vida de colombianos de escasos recursos del sector rural.
Dicho programa está dirigido a personas de escasos recursos, a hogares que hayan sido declarados en situación de vulnerabilidad manifiesta o sobreviniente, a los hogares de los resguardos indígenas legalmente constituidos, de comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, entre otros.
El programa tiene dos tipos de subsidio: uno para el saneamiento de una vivienda que carezca, por ejemplo, de sistemas de alcantarillado, que tenga pisos en tierra, deficiencia en baños, entre otros; y, por otro lado, un subsidio para una nueva vivienda.
El informe de carácter preventivo de la Procuraduría, revisó el estado de los 1.792 proyectos del Visr adjudicados por el Banco Agrario desde 2010 a marzo de este año y encontró dificultades de la gestión en 1.128, que equivale al 62.9%. Se trata, dice el Ministerio Público, de “considerables retrasos” que afectan el fin mismo de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural en el país.
Los hallazgos en la información que el mismo Banco Agrario entregó a la Procuraduría tienen en cuenta los plazos de ejecución y liquidación de los respectivos contratos, como parámetros para medir las etapas de los proyectos que tienen tres desembolsos de acuerdo a adjudicación, un avance físico del 50% de la obra y otro más del 90%.
“Hemos podido identificar que solo los proyectos adjudicados en el año 2010 (108 proyectos), el 90% de estos se encuentran retrasados en su ejecución, de los cuales solo a 33 se les ha declarado incumplimiento o siniestro”, señaló la Procuraduría.
El organismo de control señala, además, que “respecto (de 2011) el 82% de los proyectos adjudicados presentan considerables atrasos, y de los proyectos adjudicados en los años 2012 y 2013, los porcentajes de retraso en su ejecución son del 51% y 49% respectivamente”.
Esos 1.128 proyectos con retrasos afectan posiblemente a 44.951 hogares. De estos, 176 se encuentran en el Cauca (6.869 hogares), 117 en Antioquia (4.622 hogares), 115 en Nariño (4.998 hogares), 84 en Cundinamarca (3.154 hogares) y 77 en Huila (4.677 hogares).
Luego siguen 67 proyectos en Boyacá, 65 en Santander, 55 en Bolívar y Sucre, 52 en Norte de Santander, 40 en Tolima, 37 en Magdalena, 32 en Cesar, 34 en Córdoba, 29 en Caldas, 28 en La Guajira, 15 en Valle, 12 en Putumayo, 11 en Arauca, 8 en Caquetá, 7 en Meta, 4 en Chocó y uno en Atlántico, Guaviare y Vichada.
En ese sentido, la Procuraduría alerta de la posible afectación de los recursos que ya han sido desembolsados y “preocupa más aún que existan proyectos con primeros desembolsos desde el año 2011 (más de cuatro años), los cuales a la fecha la autoridad Otorgante no ha iniciado procesos de incumplimiento frente al particular”
“Para esta Procuraduría Delegada es claro que en la mayoría de los casos la Entidad Otorgante, al parecer, no ha aplicado de manera oportuna las herramientas legales y contractuales que permitan controlar o por lo menos evitar que dichos retrasos se presenten”, agrega el informe.
Para el Ministerio Público, además, llama la atención que de esos 1.128 proyectos retrasados, el 78% se encuentre en 0% de ejecución y que de estos, algunos se estén todavía en etapa de Revisión Técnica por parte del Banco Agrario, luego de transcurridos más de 10 meses desde su adjudicación.
El problema reside en que estas demoras en etapa de Revisión Técnica, por ejemplo, estarían teniendo un impacto al nivel territorial desde el punto de vista de la planeación y el presupuesto, más por cuanto varios de las Entidades Oferentes son precisamente entidades territoriales que han dispuesto de sendos recursos a fin de financiar el desarrollo integral del proyecto.
Así, el Ministerio Público explicó que existen recursos comprometidos de Alcaldías desde hace varios años, sin que la ejecución se haya concretado, comprometiendo la responsabilidad de los administradores municipales frente a sus planes de Gobierno y la atención de la comunidad en su derecho a la vivienda digna. A esto se le suma que cuando una persona ya es beneficiaria de este subsidio, no puede ser asistido por otros programas de vivienda del Gobierno o locales como del Fondo de Adaptación o del Ministerio de Vivienda.
“La política pública del campo resulta entonces seriamente afectada frente a los retrasos evidenciados, más por cuanto, por años, al nivel sectorial, municipios y departamentos han pretendido reducir el déficit de vivienda rural en sus territorios”, sentenció la Procuraduría.
Las recomendaciones al Gobierno Nacional de la Procuraduría consisten en que se revise la ejecución del Programa, así como los mecanismos de control utilizados para evitar retrasos y que se analice la posibilidad de replantear el modelo o esquema de ejecución, especialmente frente a las herramientas de control y sanción.
Igualmente, se requirió a la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia para que revise minuciosamente todos y cada uno de los proyectos adjudicados que se encuentran en etapa de Revisión Técnica, a fin de evitar dilaciones en el trámite del proceso, “utilizando las herramientas jurídicas y administrativas necesarias para que los diferentes actores del esquema procedimental cumplan con su papel funcional o contractual”.
EL BALANCE DEL MINISTERIO
De acuerdo con la rendición de cuentas 2014-2015 del Ministerio de Agricultura, se adjudicaron en 2014 29.776 subsidios de Vivienda por un valor de $463.386 millones que beneficiaron a 29.776 familias campesinas y desplazadas de 23 departamentos del país.
De estos, el 94,7% correspondió a soluciones de vivienda nueva y el 5,3% a soluciones de mejoramiento de vivienda y fueron entregados en Cauca, Nariño, Cundinamarca, Antioquía y Huila principalmente.
En 2014, el programa se financió con recursos del Presupuesto General de la Nación asignados para la inversión del Ministerio; así como recursos del Banco Agrario y del Departamento Nacional de Planeación. El año pasado fueron destinados $19.393 millones más para otorgar subsidios con el propósito de realizar el cierre financiero de la totalidad de proyectos declarados elegibles en la Convocatoria 2013 – II y los subsidios correspondientes a sentencias judiciales.
Para 2015 se destinó un total de $653.600 millones. De acuerdo con el último boletín informativo del proyecto, del 20 de agosto pasado, “si bien es cierto que la construcción y el saneamiento de viviendas en el campo debe agilizarse, también debe entenderse que esta requiere de mayor tiempo y trabajo, debido a la difícil geografía del país y a la dispersión de estas casas, pues los proyectos no se manejan en un solo sitio, sino en las fincas y terrenos de los beneficiarios”.
Aun así, destacó el MinAgricultura, se han asignado subsidios por valor de $1.25 billones a 100.140 hogares, a través del Banco Agrario de Colombia, y se espera que en conjunto con el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo – Pipe 2.0, en el segundo semestre del presente año se adjudiquen 30.000 soluciones de vivienda adicionales.
Actualmente, señala la documentación del Banco Agrario, Antioquia es el tercer departamento del país con mayor número de asignaciones de subsidio de vivienda rural con 8.646 para $137.346 millones, antecedido por Cauca y Nariño.
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