La frase popular “del dicho al hecho hay mucho trecho” se pudo ver en todo su esplendor durante el debate que se dio en la plenaria del Senado de la República, en donde se discutió por cerca de nueve horas las reformas a la Contraloría General de la República.
Una de las reformas es que se acabe desde el próximo año las contralorías locales. El tema prendió los ánimos de congresistas de todos los partidos, que ya cumplió sus ocho debates y está pendiente de la conciliación con la Cámara para ser promulgada.
Y aunque este era un tema de mucho interés para el funcionamiento del Estado, la sorpresa fue que no estuvo nadie del Gobierno Nacional para defender el alcance del mismo y, mucho menos, la idea que lideró el partido del presidente Iván Duque, el Centro Democrático, para eliminar la Auditoría General de la Nación.
Lo particular de la defensa de este proyecto es que la dio uno de los más opositores al gobierno, el senador Roy Barreras, quien estuvo del mismo lado del expresidente Álvaro Uribe, en la necesidad de adelgazar el cuerpo burocrático de la Contraloría General.
La eliminación de las contralorías evidencia nuevamente la división que hay en el partido Cambio Radical. El senador Rodrigo Lara defendió hasta último momento que se acabaran las mismas, a lo que se unió Daira Galvis, pero tuvieron como oposición desde su mismo partido Richard Aguilar.
Aunque el objetivo era hacer más delgado este aparato administrativo, lo que significaba cerrar paso a la llamada ‘mermelada política regional’, la falta de votos impidió que ese artículo de la reforma fuera aprobado. Como requería votación calificada, es decir 55 votos, tan sólo llegó a 40 en las dos ocasiones en que se puso a su aprobación.
Eso lo lamentó el senador ponente Barreras, quien indicó que a la reforma le faltó haber eliminado a las contralorías territoriales, “su origen político es el mismo, es decir los concejos y asambleas, hubiese sido mejor que no siguiera esa dependencia política, pero no logramos aprobarlo”.
Barreras se refería además a otro de los puntos que se hundió en la reforma. Ante la posibilidad de que las contralorías siguieran vigentes, un sector de senadores como Angélica Lozano, Alexander López, entre otros, pidieron que se hiciera un concurso público para que fueran escogidos los contralores.
La senadora Lozano, de la Alianza Verde, cuestionó que al dejar vivas a las contraloría era seguir empoderando a la corrupción, y el objetivo de un control previo, que es lo que se buscaba con la enmienda constitucional, no se lograría del todo.
A la postre, y después de un par de horas de más discusión, se adoptó el mismo esquema que opera para la elección del Contralor nacional: se hará una convocatoria pública, distinto a un concurso público, de donde se van preseleccionar a los opcionados, pero serán directamente los concejos o asambleas departamentos en donde se escoja al contralor respectivo.
De esa manera operó el mecanismo que llevó a Felipe Córdoba, hace menos de un año al cargo, en donde él, al quedar en el grupo de los finalistas, fue ganando el apoyo mayoritario de los partidos, incluidos el Centro Democrático, para que fuera el elegido.
El tema del llamado control previo, es decir que la Contraloría quedó facultada para hacer un control previo en algunas entidades en donde identifique posibles actos de corrupción, también suscitó algunas preocupaciones.
Aunque se entiende como necesario que para combatir la corrupción se tenga este mecanismo, se expresó la preocupación de que las funciones de Córdoba quedaban revestidas de mucho poder, además que el aparato administrativo podría crecer de forma importante.
En lo votado se señala que el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público.
La norma señala, además, que “el control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno”.
Córdoba, quien estuvo todo el día atendiendo el último debate a la reforma, tan sólo se pronunció el jueves en el Congreso de Confecámaras, donde dijo que les han ha dado unas herramientas, “pero tendremos que generar una buena condición de notables para su tranquilidad. Llamaremos a un primer grupo de académicos y otros miembros, para que nos ayuden a armar lo que sería la reglamentación”.
Para Córdoba, con este paso “apenas abrimos la puerta, pero debemos reglamentar para que nadie pueda exceder y, efectivamente, podamos ayudar y cuando haya algo malo, se pueda advertir”. Además, explicó que esa capacidad preventiva “ayudará a que no lleguemos tarde, que no seamos solo un médico legistas, pero a la vez que no solo sigamos recuperando ese 4 %”.
“...con esta ayuda para que la Contraloría no siga siendo famélica, coja, mueca y ciega, esperamos poder avanzar en un 29 % de vigilancia de los recursos públicos a tener, gracias a la tecnología y seguimiento y monitoreo en tiempo real de los recursos, a más de un 85 % de vigilancia que hemos estimado”, dijo.
Precisó lo que en su juicio no será la reforma constitucional cuando se aplique: “se han dedicado a contarnos cosas que no son, pero aclaro que no va a ser vinculante el control preventivo, así que pueden estar tranquilos”.
Expuso que desde la Contraloría no son “enemigos de que haya una economía saludable, que el privado pueda desarrollar bien sus contratos, pero cuando se salen de sus estándares, hay preocupación... lo único que haremos es decirle al país en dónde, cómo y cuándo se estarían presentando estos temas. El prevenir nos va a permitir recuperar más de 1100 proyectos críticos”.
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