Colombia


Reforma tributaria pondría en jaque la industria del cine en Colombia

El borrador de la reforma tumba los beneficios que otorgan las leyes 814 y 1556 que han posibilitado el boom de producciones en el país.

COLPRENSA

08 de agosto de 2022 09:30 PM

Tras la presentación del proyecto de reforma tributaria en la Cámara, por parte del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, hay preocupación en el sector audiovisual porque podrían perder los beneficios que han tenido en los últimos años y que han permitido que el sector crezca desde 2003: en el artículo 69 aparece la derogatoria del artículo 16 de la Ley 814 de 2013, la que se conoce como la Ley del Cine, y el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1556 de 2012, conocida como Ley de filmaciones.

(Lea aquí: José Antonio Ocampo ya radicó la reforma tributaria)

Las leyes

En Colombia hay dos leyes de cine que promueven la producción a cambio de diferentes estímulos económicos y exenciones tributarias, que han sido fundamentales para que el país haya pasado en los últimos 20 de producir de entre 2 y tres películas anuales a 50 largometrajes, y que las grandes productoras y plataformas del mundo rueden sus grandes proyectos en el territorio nacional.

La primera ley es la 814 de 2003 que le da una serie de descuentos tributarios a la empresas nacionales que inviertan en producciones, mecanismo que ha posibilitado el crecimiento exponencial de cortos y largometrajes en el país, los mismo que hoy son reconocidos en los festivales de cine más importantes del mundo y en los premios como los Óscar.

Esta iniciativa también permitió la creación del Fondo de Desarrollo Cinematográfico que financia las películas con el porcentaje de las ganancias que recogen las salas de cine, entre otros rubros.

La otra ley es la 1556 de 2012, también conocida como la “ley de filmaciones”’ o la “‘ley filmación Colombia”. Se promulgó en 2012 con el objetivo de fomentar el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas y ha sido fundamental para que los grandes productores del mundo vengan a a rodar en Colombia, no solo aprovechando sus locaciones naturales, el precio de la mano de obra, la experiencia técnica, sino que en contraprestación tributaria que puede ser del 40 % del valor de la inversión.

La reforma tributaria

La implementación de estas normas, que entre otras cosas ha facilitado que desde 2013 se hayan hecho en el país 44 producciones internacionales, está en riesgo con el proyecto de reforma tributaria. Aunque los riesgos no son nuevos, estaban ya en el borrador que presentó Iván Duque y se cayó en su momento, dice Andrés Jaramillo, abogado y cofundador de la Asamblea Nacional Audiovisual. Solo volvieron en la que presentó este lunes el gobierno de Gustavo Petro. Lo que pasa es que en esa se mantenían beneficios por producción de cine.

(Le recomendamos: Reforma tributaria: estos son los puntos claves para las empresas)

¿Qué es lo que aparece en el proyecto?

La derogación del artículo 16 de la Ley 814 de 2013, que dice: “Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción cinematográfica... Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen inversiones o hagan donaciones a proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el período gravable en que se realice la inversión o donación e independientemente de su actividad productora de la renta, el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor real invertido o donado”.

También la derogación del inciso segundo del artículo 9 de la Ley 1556 de 2012, conocida como Ley de filmaciones. Y este aparece así: “Contraprestación. Las empresas productoras de obras cinematográficas, rodadas total o parcialmente dentro del territorio colombiano que celebren los Contratos Filmación Colombia, tendrán una contraprestación equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los gastos realizados en el país por concepto de servicios cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el manual de asignación de recursos”.

En conclusión, se derogan los descuentos tributarios de la ley 814 de cine, así como los beneficios de inversión extranjera.

(Lea aquí: Embutidos, chocolates, obleas y otros productos que la tributaria de Petro gravaría)

¿La preocupación? Jaramillo dice que esa inversión extranjera que llegó al país por cuenta de los beneficios tributarios fue la que revolucionó la industria en el país. “Sin eso, el sector se va a la quiebra, se pierde miles de empleos y la industria volvería a los indicadores que tenía antes de 2002”.

En 2021, algunos exdirectores de Cinematografía del Ministerio de Cultura enviaron una carta en defensa del cine nacional, que aplicaría para este momento: “La reforma deroga artículos que en estas normas estimulan los rodajes internacionales en Colombia y los que impulsan la financiación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), un fondo parafiscal que alimenta la ficción, la animación y el documental con la creación de largometrajes y centenares de cortometrajes, apoya a festivales nacionales y la participación de nuestros proyectos y películas en mercados internacionales, un fondo que contribuye a la labor de nuestros archivos audiovisuales y que da formación y entrega becas a cineastas de todas las edades y de todas las regiones del país”.

Se espera que entre 2022 y 2026 el gasto o inversión en el país por parte de los proyectos audiovisuales que contraten servicios audiovisuales y logísticos colombianos alcance $5,1 billones, señala un informe elaborado por Proimágenes.

Jaramillo dice que la labor del sector audiovisual es hacerle entender al Gobierno los beneficios que estas dos leyes le hacen al cine y al país en general, en temas como generación de empleo y promoción del turismo, y alertas sobre las graves implicaciones que traería la derogación de los descuentos tributarios de las leyes 815 y 1556.

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