Las recientes jornadas de protestas que se han dado en el país -algunas de ellas que han terminado en fuertes desmanes- han vuelto a poner a los dirigentes del país a discutir sobre si se debe reglamentar o fijar algunos límites al derecho constitucional de la protesta.
La discusión, por ahora, parece que tiene dividido al propio Gobierno nacional, en donde la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tienen posiciones divididas al respecto.
La jefe de la cartera política indicó que por ahora el gobierno no llevará ninguna reforma en tal sentido al Congreso, aunque sí confío en que el actual derecho a la protesta se haga sin ir a las vías de hecho, en donde los que más se afectan son los ciudadanos.
Pero una posición contraria tiene la vicepresidente Ramírez, quien solicitó a su partido, el Conservador, que lleve una reforma en tal sentido al Congreso, para que se regule el derecho a la manifestación.
La vicepresidente expresó que preocupa que muchos de los encapuchados que aparecen en esas manifestaciones no son estudiantes, para ella son “encapuchados que vienen de Venezuela”. “Es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos nos está notificando que esto va a seguir”, señaló.
El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, sostuvo que acompaña la reforma del conservatismo. “Nadie está dudando que hay que presentar el proyecto. La Corte Constitucional dio plazo hasta junio de 2019 para hacerlo y no pasó nada. El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, me ha dicho que tiene un proyecto de ley listo para ser presentado. Bienvenido ese proyecto, es un proyecto relativamente fácil. Es tomar los artículos de la 1801 y mirar los pronunciamientos que han ocurrido de la Corte en ese periodo, hacer los ajustes respectivos, más lo que uno considere que debe incorporar en ese proyecto”.
En ese partido ya se avanza en una reforma en tal sentido, el senador Juan Diego Gómez, sostuvo que “se trata de garantizar el ejercicio del derecho a la libre reunión y a la protesta, definiendo las condiciones para que la misma sea pacífica y en qué condiciones se puede alterar el pacifismo de la misma”.
Para Gómez, “cuando se pone en riesgo la vida, honra y bienes de los ciudadanos, se requeriría la intervención de las autoridades, causales que van a estar definidas allí”. Explicó además que se busca crear un protocolo que regirá la actuación de la Policía y los organismos de seguridad.
Según el senador conservador, ese protocolo se utilizaría cuando los derechos tanto de los manifestantes, como de los terceros que no estén participando, son violados. Un punto complejo que llevará esa reforma es habilitar a la fuerza pública para que ingresen a los establecimientos de educación superior.
“SE PUEDE VIOLAR UN DERECHO FUNDAMENTAL”
La Constitución Política defiende el derecho a la protesta social y a la libre expresión en los artículos 20, 37, 38, 56 y 107.
El artículo 20 garantiza a toda persona la libertad de difundir sus ideas y opiniones sin ningún tipo de discriminación. El 37 y 38 defienden el derecho a la asociación y reunión para manifestarse pacíficamente. Los artículos 56 y 107 velan por el derecho a la huelga y la fundación de movimientos políticos.
De acuerdo con el constitucionalista Víctor Hugo Vallejo, al ser un derecho fundamental, la protesta social no debe ni puede ser regulada, pues tiene un fuerte marco jurídico que lo protege y no debe ser violentado.
“Cualquier regulación que se haga con relación al ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente consagrados siempre creará un abuso por parte de la autoridad. Las libertades son para ejercerlas, en la medida en que se haga con la plena responsabilidad de quien es titular de cada derecho. Pero pensar en la reglamentación es casi retroceder al siglo XIX en materia jurídica en Colombia”, enfatizó Vallejo.
Si bien las protestas pueden constituir una afectación económica para el país, siempre y cuando no correspondan a un ejercicio en el debido orden y legalidad, la negación de la garantía de derechos fundamentales por parte del Gobierno, afectan mucho más la economía del país.
“La idea de seguir reglamentando es un absurdo. La protesta social se puede detener satisfaciendo las necesidades comunitarias y el único derecho legítimo que tiene desde siempre el ciudadano para este fin es el del reclamo y la rebelión, si el estado no es capaz de atender su queja. Por más mínima que sea, una regulación no deja de ser una violación a la democracia”, recalcó Vallejo.
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