Así lo señaló el presidente de la Sala Disciplinaria de la corporación, Angelino Lizcano, mediante un comunicado de prensa, luego de que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunciara que se está investigando una posible adulteración en las actas en donde quedan registrados los nombramientos de los magistrados.
Este punto es clave, pues la investigación denominada como del ‘Carrusel de Pensiones’ trata de determinar si los magistrados nombraron voluntariamente de forma irregular a magistrados auxiliares, para favorecerlos con millonarias pensiones.
Mediante el comunicado Lizcano señala que las investigaciones anunciadas este jueves “fueron conocidas en Sala Ordinaria el pasado 25 de abril, en la cual se ordenó adelantar la actuación disciplinaria contra los empleados que habrían incurrido presuntamente en inconsistencias de trámites administrativos de la Secretaría Judicial”.
Según Lizcano, dentro de la información allegada a la Sala se encontraron inconsistencias “de la omisión secretarial en inclusión de algunos nombres cuando se elaboraron y redactaron las actas de nombramientos de funcionarios seccionales, dichas actuaciones son objeto de una indagación disciplinaria dentro de la misma Corporación”.
El magistrado señala que entonces la responsabilidad radica en esos funcionarios y no en los magistrados investigados en este escándalo.
Lizcano aseguró que están prestos a colaborar con las autoridades competentes “en aras de salvaguardar la autonomía e independencia de la justicia, la cual ha venido siendo estigmatizada para desprestigiar la labor jurisdiccional que venimos cumpliendo dentro del marco de la Ley”.
Las denuncias, conocidas, aseguran que existen actas falsas de sesiones de la corporación, con las cuales se realizaron nombramientos de magistrados auxiliares.
Fiscalía investiga caso en 5 ciudades
Los seis casos que investiga la Fiscalía, sobre supuestos falsos nombramientos en la Sala Disciplinaria de la Judicatura no solo se presentaron en Bogotá, sino también en Norte de Santander, Magdalena, Tolima y Caquetá.
Así lo dio a conocer RCN la radio. La investigación interna fue realizada por un grupo de expertos funcionarios especializados en derechos administrativo, disciplinario e incluso tributario, quienes gracias a su experiencia lograron descubrir prontamente las distintas irregularidades, registradas entre el primer semestre de 2008 y enero de 2012.
De acuerdo con la denuncia, la primera irregularidad se detectó en el departamento del Norte de Santander, donde poco tiempo después apareció un nuevo episodio. Posteriormente, se descubrió una situación similar en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Magdalena, Tolima y Caquetá.
Colombia
Responsabilidad de actas falsas no es de magistrados dice Judicatura
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