Colombia


A retirar base militar de resguardo indígena

EL UNIVERSAL

03 de agosto de 2012 12:01 AM

La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que devuelva al resguardo indígena Jiw de Barrancón, Guaviare, el territorio que ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina. A juicio de la Corte, la presencia de la Escuela es una “invasión”, una “superposición” del territorio del resguardo por lo que en un periodo no mayor de seis meses deberá devolver el terreno en un proceso que será acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social Caritas – Sur Oriente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – Territorial Meta.
Se trata de una “afectación” de 6 hectáreas que son utilizadas para el funcionamiento de la base militar y que hace parte de las 250 hectáreas del terreno “agua bonita” que el Incora adjudicó al Mindefensa en mayo de 1998.
Según estableció la Corte, esa adjudicación de produjo años después de la conformación del resguardo indígena de la comunidad de Guayaberos por los que los derechos de usufructo de la tierra son de la comunidad y no del Ministerio de la Defensa.
“Del análisis del informe se puede extraer que se identificaron 19 construcciones superpuestas de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina en territorio del resguardo, de las cuales 7 son permanentes, entre ellas están: piscina, torre de observación, alojamiento y tanque elevado, planta de acueducto, escuela, dos salones de clase y dos pistas de comandos”, señaló la Corte
Por otro lado, el tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa que presente un informe sobre las actuales condiciones de seguridad en los territorios ancestrales de la etnia Jiw, en Meta, con el fin de evaluar las posibilidades de ingreso diversas entidades del Estado para que puedan hacer una evaluación de las condiciones en las que se encuentran las familias que habitan esa zona, en especial en los resguardos de Mocuare y Barranco Ceiba, ubicados en jurisdicción del municipio de Mapiripán.
Igualmente, la Corte le ordenó al Ministerio del Interior que elabore un informe de seguridad sobre los líderes amenazados de la comunidad Jiw y Nükak para que se verifique “la activación de la ruta de protección y se identifiquen cuáles han sido las medidas adoptadas”.

Acompañamiento
La Corte ordenó además al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que realice un estudio de predios disponibles para arriendo o compra en los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán para reubicar temporalmente a las comunidades Jiw desplazadas.
La Registraduría, por su parte, deberá adelantar una campaña de documentación con enfoque diferencial, “pues la ausencia de documentos de identificación entre las comunidades indígenas se presenta como una de las barreras de acceso a los servicios de salud”.
Al Ministerio de Educación, la Corte le ordenó que preste asesoría y asistencia técnica, así como el apoyo financiero necesario para la formulación de los proyectos etnoeducativos para dichos pueblos, que deberán estar listos en menos de un mes.
El Ministerio del Interior deberá tratar con los jefes de cada clan temas como el desplazamiento forzado, sus procesos de formación y el uso de los recursos asignados por el Sistema General de Participaciones para su atención.
Además, el ICBF en el Guaviare deberá presentar en 15 días un informe sobre violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos de dichas comunidades.

Habla Mindefensa
Frente a la decisión de la Corte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que  los fallos de las cortes son para respetarlos y acatarlos.
“Existen recursos legales que el Ministerio va a presentar”, dijo el jefe de la cartera de Defensa y añadió que en la zona donde está ubicada la base militar en cuestión las relaciones de las fuerzas militares y los indígenas “es magnífica y estrecha”, por lo que confió en que “cualquier paso que tomemos sea coordinado”.
De la misma manera, Pinzón dijo que este fallo de la Corte Constitucional nada tiene que ver con los hechos que se presentaron hace unos días en el Cauca. “Son hechos independientes, es un tema de discusión de hace muchos años”, dijo.
“Lo que sí les digo es que esté es un fallo que vamos a analizar y acatarlo, pero insisto en que hay pasos jurídicos que hay que seguir”, concluyó el ministro Pinzón.

Piden presencia militar
Más de 10 mil indígenas provenientes de cabildos ubicados en diversos puntos del Cauca y alineados con la Organización pluricultural de los pueblos indígenas de Colombia, Opic, realizaron acto para apoyar a la Policía y al Ejército y pedir que no salgan de sus territorios. 
Los líderes de la Opic precisaron que la movilización tiene como fin demostrar su respaldo al Estado y la presencia de la Fuerza Pública en sus territorios.
Se informó que además buscan dialogar con las autoridades para que se mantenga su presencia en este departamento.
A mediados de julio pasado, los indígenas del norte del Cauca se declararon en minga de resistencia civil para exigir la salida de todos los actores armados de sus resguardos.