¿Se están tensionando las relaciones Gobierno y Congreso?

29 de mayo de 2020 11:00 PM

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La particular forma como viene sesionando el Congreso de la República, de manera virtual desde hace más de dos meses debido a la pandemia del Coronavirus, terminó la semana con una notoria tensión entre el Gobierno Nacional y los congresistas.

No fue una sola sino varias las diferencias que se evidenciaron. La primera tuvo que ver con la notificación que le hizo el Gobierno Nacional al presidente del Senado, Lidio García, de que no pueden ir a sesionar de manera presencial, tal y como lo había solicitado.

El pronunciamiento se demoró poco más de dos semanas. El dignatario del Senado había notificado al Ejecutivo desde mediados de mayo, para que diera una excepción a la corporación para sesionar con todas las medidas de control y sanitarias en el Congreso, ante la necesidad de estar presentes.

Sumado a la demora, la respuesta fue negativa. En una carta, la ministra del Interior, Alicia Arango, le dijo a Lidio García, “frente a su solicitud de que ‘se levante la limitación única exclusivamente para los servidores públicos de elección popular para realizar reuniones de más de 50 personas, adoptando las medidas de biodiversidad requeridas para tales efectos’, no es posible acceder a la petición, toda vez que dichas medidas son de obligatorio cumplimiento, como ya se ha mencionado”.

Justificó su posición al recordarle que el presidente Iván Duque expidió una directiva en la cual solicita “priorice y se implemente la modalidad laboral de trabajo en casa para los miembros de la rama ejecutiva del poder público. Igualmente se expidió el decreto legislativo 491 de 2020, el cual en su artículo 12, implementa las reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder”.

García se ha negado hasta el momento a adoptar un mecanismo de sesiones semipresenciales, tal y como lo viene haciendo la Cámara desde hace casi un mes, por lo cual no ha permitido que en la plenaria de la corporación se haga la discusión y votación de proyectos. A principio de mes había dicho que las autorizaría, pero con el previo permiso del gobierno y con la asistencia al Capitolio Nacional sólo de aquellos senadores que estuvieran en buena condición de salud, sumado a que él pudiera estar en Bogotá, porque su ciudad de residencia es Cartagena.

El presidente de la corporación había accedido a la posibilidad de ese mecanismo mixto de trabajo, ante la insistencia de senadores de partidos de oposición, como también de algunos independientes y gobierno, para realizar el control político al gobierno en la sede del legislativo, en especial porque se debe revisar el informe que envió, también a principio de mes, sobre cómo se ejecutó la primer emergencia económica que decretó en el marco de la conmoción interior por los efectos de la COVID-19.

LA RENTA MÍNIMA

Ese mismo día, el miércoles, gobierno y Congreso empezaron a medir fuerzas sobre un proyecto de ley que, desde ya, evidenció una amplia discusión: la creación de la renta básica de emergencia para atender a nueve millones de colombianos que se han visto afectados por el coronavirus.

La iniciativa la radicaron 54 senadores de nueve partidos, tanto de gobierno como independientes y en su mayoría todo el bloque de los opositores, entre ellos Iván Marulanda, Roy Barreras, Rodrigo Lara, Andrés Cristo. La futura ley busca que nueve millones de colombianos de estratos bajos y medios, puedan recibir un subsidio especial por tres meses de un salario mínimo, es decir que se llegaría a unos 30 millones de colombianos, que según los autores de la iniciativa serían el 60 % de la población.

Marulanda, quien defendió la presentación de la renta, explicó que el “programa va por tres meses para los nueve millones, a quienes se les dará un salario mínimo mensual que valen 23,7 billones de pesos, es decir 2,3 % del PIB y si se prorroga por tres meses más, vale 40 billones de pesos”.

Una de las razones de esta ley urgente, según los legisladores, es que “el Gobierno no resolvió el problema del hambre de los colombianos en el confinamiento, no giró recursos a los entes territoriales y las medidas paliativas – vía ínfimos subsidios, absolutamente insuficientes e insostenibles- no resolvieron las necesidades de 30 millones de colombianos informales, vulnerables o en pobreza y han obligado a muchas personas a salir a la calle en busca del sustento. En la práctica, la cuarentena se hizo trizas por esa imprevisión, más las decisiones de reapertura económica a ciegas que el gobierno ya implementó y que ya resultan incontenibles”.

El gobierno anticipó su oposición a la posibilidad de acompañar esa renta. El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zarate, así lo expresó al participar en una citación a una de las comisiones económicas del Congreso. “No podríamos hacer un esfuerzo de 20 billones como mínimo, con el Ingreso Solidario tenemos identificados a tres millones de personas y sólo hemos podido llegar a dos millones, logísticamente no es una alternativa en el corto plazo”, sostuvo.

Las fuentes de recursos, dice el proyecto, provienen de los programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, la devolución del IVA, los recursos del ingreso solidario, pero como no son suficientes dicen que se debe recurrir por parte del gobierno a un crédito del Banco de la República, como también a refinanciar la deuda pública a mayores plazos y menores intereses.

MILITARES ESTADOUNIDENSES

Pero fue el anuncio del Ministerio de la Defensa, de que llegarán a Colombia un grupo de militares estadounidenses para apoyar la lucha contra el narcotráfico, lo que volvió a elevar la tensión. La razón es porque en la Constitución se determina que será el Congreso de la República el que avale o niegue que el transito o la presencia de esos grupos militares en el país.

El presidente del Senado, en una corta declaración, se manifestó en contra y le notificó al presidente Iván Duque, que esa es una función que le corresponde al Congreso y no al Ejecutivo. “Con todo respeto señor Presidente Iván Duque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que “permitir tránsito de tropas extranjeras” en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República”.

Pero esta no es la primera vez en que el Congreso cuestiona al Ejecutivo por la presencia de militares extranjeros, en especial los norteamericanos, sin que su presencia sea conocida en el país. Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, este autorizó que Estados Unidos pudiera tener presencia de varios de sus militares en siete bases militares colombianas, en virtud de un acuerdo al que llegó su administración con la de ese país. Eso, sin embargo, fue tumbado por la Corte Constitucional, la cual indicó que es el Congreso el único que puede permitir la presencia de tropas de otros países en suelo colombiano.

El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la defiende por la vigencia de un acuerdo de cooperación en materia militar que tienen ambos países. “Ese acuerdo establece que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia”, señaló el ministro y añadió que en desarrollo de ese acuerdo vendrá al país un personal de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos.

Trujillo reitera que la compañía es “solamente técnica y de asesoría”, por lo que dejó claro que “en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras, ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas”.

INFORME DE LA EMERGENCIA

En medio de esas discrepancias, el Congreso de la República está pendiente de decir sí acoge o no el informe que envió el presidente Iván Duque sobre la primera emergencia económica. Por lo anterior es que ya en la Cámara y el Senado se integraron dos comisiones para que entreguen su informe, el cual deberá ser votado en cada plenaria.

Por el momento hay dos tendencias claras. Un informe de mayoría en el cual se acogieron los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U, y los cristianos. Por otro lado estarán los partidos de la oposición, Alianza Verde, Farc, Polo Democrático, entre otros.

Con la unión de los partidos de gobierno y los independientes es un hecho que el gobierno recibirá el aval a lo decretado durante la primera emergencia. Precisamente ese informe estará radicado en los próximos días para ser votado la otra semana.

En la conclusión del mismo se dice: “En concordancia con el estudio realizado en los capítulos anteriores, y en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 215 Superior, nos permitimos rendir informe favorable, en razón a que la declaratoria realizada por el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, así como las medias contenidas en los 72 decretos proferidos en desarrollo del mismo, se consideran convenientes y oportunas para conjurar la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 e impedir la extensión de sus efectos”.

En otro de los apartes del documento, que ya está listo, se dice “como mencionamos anteriormente, al Congreso de la República le corresponde pronunciarse sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, tomando como punto de partida las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica que se estableció mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020. Con este fin, agrupamos las medidas adoptadas por el Presidente y sus Ministros en tres grandes grupos, con el fin de facilitar el respectivo estudio, así: (a) medidas encaminadas a conjurar la emergencia económica, social y ecológica, enfocadas en la atención y fortalecimiento del sector salud, en el acceso a bienes necesarios para la prevención y atención de la población contagiada, y en disminuir el riesgo de contagio y propagación del Coronavirus -10 decretos legislativos-; (b) medidas encaminadas a conjurar la emergencia y mitigar la extensión de sus efectos, en particular las consecuencias económicas y sociales, así como las relacionadas con el funcionamiento del Estado, sus instituciones y la sociedad ante las medidas de distanciamiento social adoptadas para prevenir la propagación del COVID-19 -44 decretos legislativos-; y (c) medidas encaminadas a dotar al Estado de los recursos necesarios para conjurar la emergencia y mitigar la extensión de sus efectos -18 decretos legislativos-”.

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