El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció que hasta este viernes tuvieron plazo todos los municipios del país para presentar el reporte de la información presupuestal de la vigencia 2014 en el Formato Único Territorial (FUT).
“El reporte de esta información en cuanto a los términos y condiciones establecidos previamente, son uno de los principales insumos para efectuar el monitoreo a los recursos del Sistema General de participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, así como para el Proceso de Certificación de municipios y distritos”, aseguró el ministro.
Este informe, que se presenta a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), tenía su fecha oportuna para el pasado 15 de marzo y el plazo de este viernes correspondía a la fecha extemporánea.
El ministro recomendó a las administraciones municipales que realicen este reporte de manera oportuna para evitar medidas por parte del Ministerio y descertificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el proceso de la vigencia 2014.
Además, que los municipios que no reporten esta información corren riesgos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el municipio o incumplimiento en la aplicación de los principios de solidaridad y redistribución de ingresos. Incluso pueden adquirir investigaciones y sanciones por parte de los organismos de control.
“Es importante mencionar que el pago de los subsidios determina el cumplimiento por parte de las entidades territoriales de la aplicación de las políticas, cuyo fin es que la población de escasos recursos pueda acceder a los servicios públicos, y cumplir así con los principios de solidaridad y redistribución del ingreso, establecidos en la Constitución Política”, afirmó Henao Cardona.
Es necesario resaltar que el no pago de los mismos genera un impacto totalmente negativo en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la suficiencia financiera de los prestadores, las finanzas de la administración pública, y la medición de los criterios de eficiencia fiscal y administrativa.
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