Al cumplirse el primer año del gobierno de Iván Duque una de las preguntas que más se escucha es cómo le fue en este primer corte de cuentas con la implementación de los acuerdos de la paz firmados en 2016 por su antecesor Juan Manuel Santos y miembros de esa desmovilizada guerrilla.
Parte de esta respuesta la buscó un grupo de congresistas activos, quienes realizaron un informe en el que se recogen los principales retos que han identificado a lo largo del primer año del mandato Duque.
La representante a la Cámara por el Partido Verde Juanita Goebertus, una de las autoras del documento llamado ‘¿En qué va el acuerdo de paz a un año del Gobierno de Duque?, dice que parte de la problemática es que desde el Gobierno se maneja un doble discurso con respecto a la implementación y su efectividad.
“El Gobierno del presidente Iván Duque se ha aproximado a la implementación del Acuerdo de Paz desde una narrativa contradictoria”, dice.
“En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo. Mientras tanto en el país expresa reservas a lo acordado, no hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la ley de la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y excombatientes, y da vía libre para el avance de reformas legislativas y constitucionales que pondrían en grave riesgo la esencia del Acuerdo de paz”, se lee en el informe sobre este punto.
Una de las conclusiones del documento es que “desde que Duque asumió su silla en la Casa de Nariño se ha insistido, en especial desde el Centro Democrático, el partido del Gobierno, que los acuerdos de Cuba “no hacen parte de una política de Estado sino de la política de paz del gobierno anterior. Afirman que las obligaciones del Acuerdo son “obligaciones de medio” y que para su cumplimiento el Gobierno cuenta con un “margen de apreciación” sobre cómo llevarlas a cabo. Cuando la Corte Constitucional ya ha aclarado que el cumplimiento del Acuerdo Final debe hacerse de buena fe, respetando su integralidad y garantizando la no regresividad”.
Falta presupuesto
El resultado de esta postura es que el 57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República.
“Pasó todo un año en el que discutimos sobre varios temas, entre ellos las objeciones a la JEP, en qué se debía reformar, y mientras eso pasaba, el Gobierno no presentó las normas que se necesitan para avanzar en la implementación como la Ley de Tierras, la reforma a la Ley Orgánica de Planeación, y las curules para las víctimas, entre otros”, dice Goebertus.
Otra de las conclusiones del informe es que llevar a cabo la implementación de los acuerdos, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018 y el Plan Marco de Implementación, tendrá un costo total de 139,1 billones de pesos que deberán ser invertidos en un período máximo de 15 años, pero luego de su paso por el Congreso, “el Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio del Presidente Duque incluyó 37,1 billones que deberán ser destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. Es decir que durante estos cuatro años se invertirá el 26% del total necesario para la implementación del Acuerdo.
Sin embargo, al revisar las fuentes de financiación, solo el 65% (24,3 billones) corresponden a recursos del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Participaciones. “Los demás serán el resultado del Sistema General de Regalías, recursos propios de los territorios, la contribución de privados y la cooperación internacional, de ahí que no hacen parte del proceso presupuestario ante el Congreso de la República”, se lee en el informe, que se hizo público en la noche del 7 agosto, cuando justo se cumplía el primer año de Duque en el poder.
El reporte revela que el Gobierno planteó que en 2020 se destinen 9,8 billones para la paz, como quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, “es decir que en un solo año el Gobierno estaría proponiendo invertir el 40% de los recursos de paz para todo el cuatrienio”.
Goebertus explica que otra parte de la crítica está en que el “41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial. Ejemplo de ello son las acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, el programa ampliado de inmunizaciones, el aprovechamiento de hidrocarburos en territorios social y ambientalmente sostenibles, el acceso a educación superior, o los programas de alimentación escolar”, como quedó consignado en el documento de 122 páginas.
“Además, se reduce el presupuesto de las principales entidades encargadas de llevar a cabo la transformación de los territorios más afectados por la guerra. Según el proyecto de presupuesto 2020 la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19%, la Agencia para el Desarrollo Rural del 13%, la Agencia de Renovación Territorial del 10% y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del 7%”, se precisa.
El informe realizado por los congresistas se realizó con información obtenida a través de visitas a diez territorios nacionales en donde hay mayor índice de violencia y con información oficial del Congreso de la República, el entidades nacionales e internacionales que trabajan en veeduría sobre la implementación.
Entre lo que el grupo de legisladores reconoce al Gobierno Duque es la consecución de recursos para la Reforma Rural Integral (RRI), aunque hacen énfasis en que el trabajo en este sentido se resume en “esfuerzos aislados que no obedecen a una estrategia macro”.
“El Gobierno del presidente Duque ha avanzado de forma importante en conseguir los recursos para la puesta en marcha del Catastro Multipropósito negociando dos créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por un total de USD 150 millones, para el fortalecimiento institucional y tecnológico del IGAC, la SNR y la ANT. Es fundamental que éste se ponga en marcha en los términos del Acuerdo”, agrega.
Entre las preocupaciones alrededor de este punto de tierra están el acceso y formalización de las hectáreas para que allí se adelanten proyectos productivos. Según el informe, hasta el momento solo se ha avanzado en este proceso con un total de 73.465, lo que representa el 8,7% de la formalización para este 2019 si se quiere cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras.
“Además, resulta especialmente grave que el Gobierno esté reportando conjuntamente los datos de formalización de predios privados y dotación de baldíos, sin diferenciarlos, lo que no corresponde con lo establecido en el Acuerdo, ni con las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo”, sentencian los autores del documento.
Participación política
En cuanto a participación política, el análisis dice que las iniciativas las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la Reforma Política, y la garantía del derecho al voto en la ruralidad, no han tenido el liderazgo del Gobierno en el Congreso de la República.
“Las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz son una medida para promover la representación política de las poblaciones más afectadas por el conflicto y el abandono institucional. Sin embargo, luego de tres intentos, en el segundo semestre de 2018 la plenaria del Senado hundió el proyecto por falta de quórum”, destaca el informe.
El Acuerdo señala que se deben poner en marcha medidas para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas. Según la MOE, hay 360 municipios en el país, 32% de los cuales son municipios PDET, que tienen tan solo 1 puesto de votación por cada 63,2 km2.
En lo que respecta a la reincorporación y seguridad territorial, los autores consideran que “la no repetición del conflicto depende en gran medida del éxito de los procesos de reincorporación y de las garantías de seguridad territorial. Y la realidad nos está demostrando que ambos componentes están en crisis”.
Y explican que si bien desde el inicio del Gobierno Duque han sido aprobados 223 proyectos productivos (entre colectivos e individuales) beneficiando a 717 personas en proceso de reincorporación, la realidad es que a pesar de esos esfuerzos el 83% de los excombatientes objeto del proceso de reincorporación (13.018), siguen sin hacer parte de ningún proyecto productivo (público o financiado por cooperación internacional) que les permita avanzar en su proceso de reincorporación económica.
Para los analistas, la situación de seguridad no es menos preocupante. “Luego de que en 2017 experimentamos una tasa de homicidios de 24,4 por cada 100.000 habitantes, esta cifra ascendió a 24,9 en 2018, quebrando por primera vez la tendencia descendente que venía desde 2013”.
En términos de muertes violentas de desmovilizados, el informe dice que de agosto de 2018 a julio de 2019 han sido asesinados 56 excombatientes de las FARC, ascendiendo a un total de 138 desde el inicio del proceso de dejación de armas.
En cuanto al homicidio de líderes sociales, el Gobierno ha reportado que desde el 7 de agosto de han sido asesinados 68 líderes y lideresas sociales.
“Esto implica que el un 40,5% de los homicidios a excombatientes, se ha dado en el Gobierno Duque”, según el reporte, que cita a Idepaz.
Finalmente, en cuanto a narcotráfico, en el informe se hace referencia a los cultivos ilícitos y su comportamiento respecto del número de hectáreas sembradas y erradicadas durante los pasados 365 días.
“Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) que se hizo público el pasado 5 de agosto de 2019, en 2018 se presentó una reducción de 2.000 hectáreas de cultivos de coca con respecto a 2017. Sin embargo, este informe contempla tan solo cuatro meses del Gobierno Duque, de ahí que aún no es posible afirmar que la reducción se dé por ajustes en la estrategia del Gobierno Duque”.
“Adicionalmente, es importante advertir que el 62% de los lotes de coca identificados siguen ubicados en los mismos sitios, lo que demuestra que el Estado no ha sido capaz de transformar las condiciones que permiten que esos cultivos permanezcan en esos territorios. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que el número de operaciones de desminado suspendidas al mes se triplicó en lo corrido de 2019, pasando de seis operaciones suspendidas en 19 meses de 2017 y 2018, a siete operaciones suspendidas en siete meses de 2019”, añaden.
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