Sigue aumentando la cifra de casos que se le caen a la Fiscalía

16 de agosto de 2019 06:25 PM
Sigue aumentando la cifra de casos que se le caen a la Fiscalía
Si bien hasta el momento no se conocen las cifras de lo corrido de este año, estas no pueden estar alejadas de lo que expuso la CEJ con relación a 2018.

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Un informe revelado por la Corporación Excelencia para la Justicia (CEJ), da cuenta de que durante 2018 hubo 358.537 procesos que fueron archivados por parte de la Fiscalía debido a la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo en la acción ilícita por la que fueron llamados ante los estrados judiciales.

De acuerdo con el informe, la cifra de procesos archivados por esta causa ha venido en aumento, dado que en 2011 se registraron 262.228 reportes, que dejaría la cifra en ascenso hasta en 45%.

Si bien hasta el momento no se conocen las cifras de lo corrido de este año, estas no pueden estar alejadas de lo que expuso la CEJ con relación a 2018, pues al ente acusador se le ha conocido de varios tropiezos en algunos procesos judiciales que ha sido de connotación pública.

Por ejemplo, el caso más reciente fue la absolución de los hermanos Uribe Noguera a quienes la Fiscalía señaló como presuntos cómplices del secuestro y posterior asesinato de la pequeña Yuliana Smaboní

En su momento, la Fiscalía expuso que los hermanos tuvieron participación en el crimen por unos videos que presentaron en medio del juicio llevado a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao.

Entre los argumentos del ente acusador, se encuentra que los Uribe Noguera habrían borrado una serie de pruebas que servían de soporte para acusarlos por encubrimiento.

Pese a que la Fiscalía consideraba que eran pruebas verídicas, la Juez 46 de Conocimiento las desestimó en medio de la audiencia del sentido de fallo y consideró que “el ente acusador no logró demostrar cuál fue el contenido de la información borrada (...) y por ello no puede este despacho entrar a proferir condena por este delito, porque se sentaría un precedente de que borrar cualquier cosa, sería punible a consideración de la Fiscalía”.

A juicio del penalista Francisco Bernate, los tropiezos que ha tenido el ente acusador durante varios procesos no han sido más que afán de protagonismo en los medios. “Están desbocados tratando de ganar titulares todos los días”, argumentó.

Para el penalista, casos como el de los hermanos Uribe Noguera o la preclusión de la investigación en contra del cantante de música popular Richard Muñoz Cardona, a quien se le imputó el cargo de homicidio simple luego de que, supuestamente, asesinó al hombre que le quitó la vida a su esposa a la salida de una presentación artística el pasado fin de semana en Fusagasugá, Cundinamarca, son de los errores que ha venido sosteniendo la Fiscalía por el afán de figurar en los medios de comunicación.

Sobre el caso preciso del cantante, se conoció por medio del titular (e) del búnker, Fabio Espitia, que al interior de la entidad se había anunciado la revisión al proceso judicial tras nuevas pesquisas que aparecieron luego de la captura de alias ‘Tamales’, señalado de conducir la motocicleta que sirvió para movilizar al asesino de la esposa de Cardona.

Por ello, la Fiscalía decidió solicitar ante un juez de Cundinamarca cesar la persecución penal en contra del joven cantante.

En este caso, para el abogado Iván Cancino, el error fue netamente de la Fiscalía debido a que no se podía registrar una imputación en contra de Cardona dado que actuó en legítima defensa. “Había lección actual, es decir estaba defendiendo a su pareja de una agresión, y además estaba defendiendo un derecho propio que era su vida”, dice el jurista.

El caso Reyes

Otro de los casos recientes que se le cayó a la Fiscalía fue la libertad por vencimiento de términos del expresidente de la Refinería de Cartagena, Reyes Reinoso, dado que no se inició el juicio en su contra.

La determinación fue tomada por la Jueza 30 de Garantías quien explicó que el exdirectivo estaba privado de la libertad desde el 17 de enero de 2018 por lo que la ley contempla que desde el momento en que una persona es cobijada con medida de aseguramiento el ente acusador tiene un plazo de hasta 120 días para dejar en firme el llamado a la etapa de juicio.

Así las cosas, lo que está claro es que en el caso de Reyes han pasado 574 días. Sin embargo, por diferentes solicitudes de aplazamientos y dilaciones en su proceso se han consumido 202 días. Es decir, que haciendo cuentas Reyes Yáñez ha estado 372 esperando que se inicie el juicio, tiempo que supera el plazo establecido por la legislación.

“En este caso concreto – dice la jueza – se declara procedente la petición del defensor en el sentido de declarar la libertad del procesado. Según las estimaciones y verificando las fechas, la decisión (del llamado a juicio) debía proferirse máximo el 3 de abril de 2019”.

Al respecto, explicó Cancino que la libertad que se registra por vencimiento de términos casi siempre ha sido por culpa de la Fiscalía. Para el penalista, es inconcebible que existan procesos en contra de ocho o más personas y no haya capacidades para continuar con el llamado judicial.

SOBRE LOS CASOS CAÍDOS

Sobre los procesos que suelen caerse, el penalista consideró que “hay afán de la Fiscalía cada vez que hay un tema que tiene opinión pública”, sumado a que, a su juicio, los fiscales son calificados por los procesos penales que adelanten mes a mes.

“La justicia penal debe dejar de ser un inventario porque a los fiscales les viven pidiendo estadísticas y la Fiscalía no es una empresa, pero deben cumplir metas”, expresó Cancino, y añadió que es el Consejo Superior de la Judicatura quien debe regular las acciones inusuales de los fiscales.

En diálogo con COLPRENSA, el experto expresó que en el país no ocurre nada jurídicamente cuando un fiscal priva de la libertad a un ciudadano por error. Bajo su consideración, esto debería acarrear un multa para el funcionario.

Ahora, aunque es conocido que en los procesos penales en los que no prospera la Fiscalía las víctimas suelen interponer demandas para ser reparados económicamente por la Nación, dice Cancino que debería haber una acción en la que sea el fiscal quien incurrió en el error el que se haga cargo del monto pagado.

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