Sin Oneida Pinto en el estrado, Fiscalía pide que sea encarcelada

18 de junio de 2019 07:41 PM
Sin Oneida Pinto en el estrado, Fiscalía pide que sea encarcelada
Oneida Pinto es acusada de celebración indebida de contratos. // Colprensa

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Ante el juez 45 de garantías fue presentada en la mañana de este martes la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, para que responda por seis delitos relacionados con presuntas anomalías en el tema de la contratación que se dio en el municipio guajiro de Albania.

La Fiscalía la acusa de concierto para delinquir, peculado por apropiación, celebración de contratos sin los requisitos legales, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos

Al ser consultada por el juez del caso, Oneida Pinto se declaró inocente de los cargos que le endilgó la Fiscalía, por lo que perdió los beneficios de la rebaja de pena y ahora debe celebrarse un juicio en su contra, por lo que el ente investigador tendrá un plazo de 90 días para radicar el escrito de acusación.

Por ser peculado el delito de mayor gravedad penal dentro del paquete de cargos del que la acusan, la legislación colombiana prevé una pena máxima de 400 meses de prisión, pero debido a los vericuetos del resto de delitos la condena a la que se enfrenta oscilaría entre los 173 a 327 meses de condena.

El juez del caso dividió la audiencia en dos sesiones: en la primera, celebrada en la mañana, la exmandataria escuchó en el estrado la imputación hecha por la Fiscalía durante casi cuatro horas y media, por lo que decretó un receso. Al regreso, a las 2:30 de la tarde, Pinto ya no estaba presente en el Complejo Judicial de Paloquemao.

El defensor dijo que se había comunicado con su clienta y le comentó que aprovechando el receso del mediodía optó por acudir a la cita por diferentes problemas de salud y que esperaba que apenas terminara regresara al despacho. Sin embargo, a las 6:30 de la tarde no se tenía conocimiento del paradero de la exgobernadora.

Pese a su ausencia, la Fiscalía pidió cárcel para Pinto y argumentó que de no ser decretada esta medida de aseguramiento en centro carcelario puede tener injerencia en los testigos del ente acusador.

Luego de la exposición de la fiscal, la defensa pidió “un tiempo razonable” para analizar las 61 pruebas que el ente acusador tiene en contra de Pinto, por lo que tras una discusión de fechas entre las partes el juez tomó la decisión de convocar para el viernes para escuchar al abogado Antonio Luis González y posteriormdente tomar una decisión sobre la medida de aseguramiento.

LOS CARGOS

La historia de este proceso se remonta a 2008 cuando Pinto estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa de esa población. El ente acusador señaló que ese año ella, junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta Jean Hernández Erazo se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía con la condición de que Pinto y Parra manejaran las grandes contrataciones municipales.

“El trasfondo era que la contratación iba a ser manejado por Pinto. Esa empresa criminal perduró hasta 2011 y estamos verificando si se mantuvo hasta 2012 a través de varias contrataciones”, explicó la fiscal y añadió que la procesada “organizó, promovió y conoció todo lo referente a esa organización criminal”.

Ante el estrado durante la imputación de cargos el ente acusador señaló que los contratos que se investigaron, el 7 de agosto de 2010 y el 10 de marzo de 2011, pese a que las obras quedaron inconclusas, se cancelaron en su totalidad.

El primero tuvo un valor cercano a los 5675 millones de pesos, con una adición el 14 de diciembre de ese año por un monto de 1575 millones. El segundo contrato fue suscrito por un total de 6295 millones. El total fue de 13.565 millones de pesos, monto del que la Fiscalía sostiene que hubo un detrimento de 5981 millones de pesos.

Para el ente acusador, las presuntas irregularidades se presentaron antes, durante y después de la contratación y la procesada ejercía influencia en los funcionarios que tenían a su cargo la celebración de los contratos.

“A través de muchos y abundantes testimonios se pudo establecer que era Oneida Pinto la que ponía el valor del contrato y así se surtían los montos del presupuesto que se elabora en la etapa precontractual”, describió la delegada de la Fiscalía.

El ente investigador comprobó que los presupuestos no cumplían con lo de ley ya que no contaba con los respectivos soportes técnicos ni con los requisitos. Este trámite fue realizado por Anderson Pinto, uno de los colaboradores de Oneida Pinto, según la investigación.

Los contratos fueron suscritos con una fundación llamada Fundasec bajo una figura de aunar esfuerzos, es decir, que la entidad contribuía con unos aportes que no eran en dinero sino en especie con el fin de generar empleo en la población cuyo más reciente censo indica que tiene un aproximado de 26.000 habitantes.

Las irregularidades también se evidenciaron en las interventorías de los contratos las cuales fueron a dar a manos de la fundación Princesa Negra, que fue creada en 2010 por Oneida Pinto. El nombre tiene relación con uno de los sobrenombres con los que se conoce a Pinto en La Guajira.

El ejecutor de los contratos era Fundasec cuyo contador, Humberto Tirado Pimiento, era el revisor fiscal de Princesa Negra.

“Los contratos se desfinanciaron porque los recursos de compra de materiales se usaron para la contratación de personas entre ellas mujeres en estado de embarazo y adultos mayores a quienes se les pagaba un salario así no ejecutaran los trabajos para los que fueron contratados”, expuso la fiscal del caso.

Entre las evidencias del ente acusador hay una serie de comprobantes de egreso cuyo concepto iba desde el pago a concejales y cancelación de servicios públicos a pobladores. La teoría de la Fiscalía es que esos montos estaban dirigidos a financiar una nueva candidatura a la Alcaldía.

Los recibos estaban unidos a papeles de colores en los que aparecía una firma. Algunos de los testigos de la Fiscalía señalaron que esa rúbrica era de la propia Oneida Pinto que la estampó a manera de visto bueno para que se les girara el dinero a integrantes de la comunidad.

Esas marcas fueron sometidas a peritaje grafológico y se contrastaron con documentos oficiales de la Alcaldía de Albania suscritos por Pinto. El análisis concluyó que se trata de la misma firma. Esta es una de las pruebas más fuertes que tiene la Fiscalía para presentar en la etapa de juicio.

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