En medio de la polémica por la aparente falta de igualdad de condiciones, se votará este martes en todo el país para elegir a dos de los integrantes del nuevo Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), el órgano que reemplaza la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, encargado de la gestión de la Rama.
Se trata de un representante de los empleados de la Rama y de otro representante de los Jueces y Magistrados que ocuparán el CGJ, junto a los presidentes de las Altas Cortes, y a tres expertos que deberán ser elegidos próximamente. Lo crucial de estas elecciones es que quiénes lleguen al nuevo órgano tendrán un rol directo sobre las políticas de administración de toda la Rama, una opción real para sanear las críticas que llevaron a la eliminación de la Judicatura.
Los comicios serán el martes no sin polémica, pues inicialmente la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial fijó una serie de lineamientos para que los servidores judiciales pudieran inscribirse como candidatos, tales como no tener inhabilidad en los últimos cinco años y obtener una serie de firmas equivalente al 20% del número de personas habilitadas para votar en cada región del país.
Estos límites fueron suspendidos provisionalmente por el Consejo de Estado, en un fallo que analizó una demanda que presentó una de las personas que se postuló, el juez 16 Civil del Circuito de Bogotá Federico González. Así, se reabrieron las postulaciones en un calendario ajustado y el pasado sábado se sortearon los números para los tarjetones, lo que en la práctica dejó dos días (domingo y este lunes) a algunas personas para hacer su campaña.
En total se inscribieron 27 candidatos por los empleados de la Rama Judicial y 24 aspirantes por Magistrados de los Tribunales y Jueces de la República. Antes de la nueva convocatoria, se habían inscrito 13 y 19 personas, respectivamente.
Ahora bien, fuentes consultadas indicaron que se espera que se interponga un recurso en contra del fallo del Consejo de Estado, por haber definido un nuevo calendario para las elecciones sin tener, al parecer, las facultades para ello. El argumentó sería la “grave desventaja” con el resto de candidatos, quienes incluso pudieron participar en un foro nacional donde expusieron las propuestas ante sus colegas.
De acuerdo con el juez González, la forma como se convocaron las elecciones tanto por la Comisión como por el fallo, fue apresurada y en ese sentido “no va a poder lograrse ese objetivo de tener un órgano que responda a esas necesidades reales de la rama y de la sociedad, de los usuarios de la justicia”.
Ese temor que es compartido por el Gobierno Nacional, según estableció COLPRENSA, podría llevar incluso a que sea demandada posteriormente el resultado de las elecciones y atrase la entrada en vigencia del Consejo de Gobierno Judicial.
Y es que, como dijo en el citado foro el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, se trata de “la nueva administración de la rama y es importante que los representantes tengan la mayor legitimación posible. Son muchísimos los intereses en juego, el prestigio, la administración de recursos, la planificación de tareas”.
Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron a COLPRENSA que al Gobierno Nacional le parece importante una difusión adecuada de los perfiles de los candidatos y de sus propuestas, y que los candidatos tengan presente la oportunidad para hacer propuestas que vayan en pro del beneficio de la Rama.
¿Y LAS PROPUESTAS?
El presidente de la Comisión Interinstitucional, magistrado Wilson Ruiz, explicó que a pesar de los cambios de última hora, todo está listo. Hay capacidad para voto electrónico en el 60% del país, con un software que se ayudó a implementar con los cuatro ingenieros de las Altas Cortes, para que con ayuda de la Registraduría se tengan rápidamente los resultados.
Entre los aspirantes hay servidores judiciales que trabajan en Cúcuta, Tolima, Bogotá, Caquetá, Manizales, Popayán, Barranquilla, Huila, Neiva, Cali, Santander y Villavicencio, entre otros. Entre los empelados, hay personas que se desempeñan como citadores, auxiliares en las relatorías, secretarios, escribientes, entre otros.
En el listado oficial resaltan algunos nombres que han sido críticos de la Reforma de Equilibrio de Poderes y que incluso hacen parte del Comité promotor de un referendo para derogar dicha norma, lo que a juicio de algunas fuentes consultadas por COLPRENSA, podría ser incluso contradictorio.
Entre los candidatos más conocidos están el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermens Darío Lara; el magistrado del Tribunal del Caquetá, Romelio Elías Daza Molina; el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Leonardo Torres; la directora ejecutiva de la Seccional de Cali, Clara Inés Ramírez Sierra; y la juez María Del Pilar Arango Hernández, quien es la candidata de Asonal Judicial S.I., por solo mencionar algunos.
Entre las propuestas que se pudieron escuchar en el foro realizado por la Comisión resaltaron algunas a favor del beneficio de los empleados de la Rama, como la ‘peleada’ nivelación salarial “para acabar con las diferencias de salarios entre jueces y magistrados” y la administración de las cargas laborales.
Entre las temáticas más mencionadas estuvo el fortalecimiento de la carrera judicial, que en criterio de algunos está debilitada, y no cuenta con la posibilidad de ascensos para lo que habría que modificar los concursos.
Igualmente, se insistió en la autonomía de la Rama Judicial y las dificultades que tienen que atravesar algunos servidores judiciales en zonas del país donde hay altos niveles de criminalidad. Ahora, algunos candidatos hablaron de la creación de una oficina de atención al ciudadano en cada complejo judicial, de la creación de una Universidad, de la creación de canales de comunicación de quién resulte elegido con las bases en todo el país, entre otros.
Otro tema de preocupación se relaciona con la existencia de los cargos de descongestión que han venido renovándose por meses, cuando el acuerdo tras el último paro judicial, fue hacer el tránsito a despachos permanentes.
En este caso, aunque el presidente de la Sala Administrativa magistrado José Agustín Suárez, había indicado en julio pasado a COLPRENSA que se iba a acelerar esa discusión y la creación de la planta permanente, teniendo en cuenta que ya tienen el dinero para hacerlo, lo cierto es que el pasado 26 de agosto dicha Sala expidió el acuerdo PSAA15-10377 que, entre otros, prorroga hasta el 30 de septiembre las medidas de descongestión. Esto ha molestado algunos sectores según pudo establecer esta Agencia.
LOS CANDIDATOS
Por los Jueces y Magistrados
Puno Alirio Correal Beltrán, Gilberto Reyes Marín, Hermens Darío Lara Acuña, Juan Carlos Sossa Londoño, José Domingo Ramírez Gómez, Eduardo Antonio Lubo Barros, Antonio María Toro Ruiz, Mónica Calderón Cruz, Vicente Calixto De Santis Caballero, Jorge Alirio Cortés Soto, Miguel Augusto Medina Ramírez, Álvaro Montenegro Calvachy, Humberto López Narváez, Rigoberto Alzate Salazar, Miguel Humberto Jaime Contreras, Luis José Arévalo Durán, Guillermo Ramírez Dueñas, Rafael Albeiro Chavarro Poveda, Romelio Elias Daza Molina, Federico González Camargo, José Elver Muñoz Barrera, Leonardo Augusto Torres Calderón, Lorenzo Torres Russy y María Del Pilar Arango Hernández.
Por los empleados
Carlos Fernando Espinosa Rojas, Eduardo Alfonso Macías Mendoza, Ninon Lucinda Oviedo Ferreira, Andrés Sabogal Paipa, Isabel Hernández Cepeda Yeisson, Ovidio Montero Jiménez, Sebastián González Ramos, Adriana Marcela Guerrero Martínez, José Oswaldo Viloria Aguas, Julio Oneal Antolinez Meche, Heber José Cruz Lizcano, Clara Milena Higuera Guio, Armando Eliécer Ramírez Prieto, Jefrey García Díaz, Jairo Alberto Amezquita Collazos, José Camilo Fuentes Valencia, Adriana Sofía Fajardo, Arnubio Ospitia Ledesma, Freddy Aníbal Díaz Delgado, Marcia Aydeé Contreras López, Juan De Jesús Hernández Martínez, Leislie Rocío Cruz Chacón, Juan Miguel Gutiérrez Peñuela, Clara Inés Ramírez Sierra, Marta Lía Herrera Gaviria, René Octavio Barroso Acevedo y Rubén Darío Vargas.
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