Hoy viernes 24 de noviembre, se cumple un año de la firma en el Teatro Colón del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC en medio de distintos balances sobre la implementación de lo pactado en La Habana. Mientras que el Gobierno destaca los avances logrados en estos 365 días, para otros, el panorama del posconflcito con esta guerrilla sigue siendo de incertidumbre.
Un informe realizado por el instituto Kroc (Institute for International Peace Studies) de la Universidad de Notre Dame asegura que pese a que falta avanzar en muchos temas fundamentales, la implementación de los acuerdos ha progresado considerablemente, en relación a otros procesos que se han realizado a nivel mundial. El estudio dice que hasta el 31 de agosto de 2017, de las 558 disposiciones que conforman el Acuerdo Final, el 45% había iniciado su implementación; el 17% se había ejecutado completamente; el 6% tenía un nivel intermedio y el 22% se había implementado mínimamente.
No obstante, para el instituto, “es urgente avanzar de forma más robusta en las medidas de seguridad y protección para los excombatientes de las FARC, los defensores de derechos humanos y las comunidades en los territorios, con especial atención a aquellos que han asumido roles de liderazgo en la implementación del acuerdo”.
Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación fue un poco más pesimista frente al tema. Así lo refleja el título de una investigación que realizó por varios meses, 'Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo', para la cual contó con un equipo de 50 personas en los diferentes territorios y que fue publicada este jueves.
“Durante este año el proceso de implementación ha estado marcado por dificultades. El Estado colombiano ha incumplido en diferentes materias. No ha podido terminar las zonas donde las unidades guerrilleras se concentraron para la dejación de armas. Existe un desgaste político del Gobierno de Juan Manuel Santos que se nota principalmente en la incapacidad de armar mayorías en el Congreso de la República frente a una oposición que no da tregua”, indica el texto.
De acuerdo con la fundación, para la completa implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, se necesitan 68 actos legislativos que deben pasar por el Congreso de la República. Sin embargo, el Gobierno solo ha presentado 24 normas, de las cuales, se han aprobado 10 y quedan pendientes dos más por discutir en lo que queda de 2017.
León Valencia, analista político e investigador del informe, afirma que la forma en que se ha dado el debate legislativo frente a los acuerdos “es una falta de respeto con los colombianos, porque están priorizando luchas políticas en pleno ambiente preelectoral. Han mutilado la Justicia Especial para la Paz (JEP), la han transformado de tal manera que está muy lejos de lo que fue el Acuerdo de Paz.
Además, es preocupante que se cambien los propósitos de la JEP porque a este paso van a terminar siendo unos tribunales solo para juzgar a las FARC. Esto es evidente porque, por ejemplo, Cambio Radical y el Centro Democrático dicen estar preocupados por cómo se van a juzgar militares, pero los mismos militares quieren acogerse”.
Otra opinión tiene el senador del centro Democrático Alfredo Rangel, quien dice que lo que está pasando con el proceso en términos políticos es el resultado de una serie de rompimientos de reglas democráticas por parte del gobierno Santos.
“Inicialmente querían quitarle el derecho que tiene el Congreso de la República de hacer objeciones a los proyectos a través del fast track. Fue la Corte Constitucional la que no lo permitió. Ahora podemos hacer proposiciones, pero hay compromisos tanto del Gobierno como de las FARC que no se están cumpliendo”, asegura Rangel.
Por otro lado, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, afirma que es mejor que no se apruebe el proyecto actual de la JEP, porque se le han hecho modificaciones que tocan la fibra de lo acordado en La Habana. “Es preferible que el presidente la implemente a través de un decreto y no se apruebe lo que está hasta ahora, porque lo que ha hecho Cambio Radical y el Centro Democrático es vergonzoso. Deberían tener un poquito de respeto con el país”.
A propósito de este tema, el instituto Kroc asegura que “implementar el acuerdo obliga a bajar de la esfera política a una esfera práctica, centrada en la acción del Acuerdo de Paz”.
¿QUÉ VA BIEN?
El Kroc asegura que los procesos relacionados con la implementación del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las FARC han sido exitosos, así como el proceso de dejación de armas, en el que resalta la cantidad entregada.
Con el instituto coincide el informe 'Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo', que exalta que las FARC han cumplido a cabalidad con lo pactado. Dice el documento que la entrega de armas y el proceso de desmovilización de esta guerrilla es histórico debido a que es la primera vez en la que en medio de un proceso de paz la cantidad de armas supera a los desmovilizados.
Según los registros recopilados por el estudio de Paz y Reconciliación, las FARC entregaron 1.3 armas por cada actor que dejó la guerra. El nivel más alto lo tenía Afganistán con una entrega de 0.76 armas por desmovilizado. “A nivel nacional, la desmovilización paramilitar arrojó un promedio de 0.6 armas por hombre. Para el caso de las FARC, es más del doble a la de paramilitares y casi del doble de la de Afganistán, una cifra que no tiene precedentes en los procesos de dejación de armas”.
Exalta este mismo informe que en términos generales la violencia asociada al conflicto ha descendido desde 2012, cuando se inició el proceso de paz. “Entre 2012 y 2016 la reducción de homicidios a nivel nacional fue de 3.695 vidas, mientras que en los 281 municipios focalizados para el posconficto la reducción fue de 957 vidas. Nótese que el 27% de la reducción en muertes violentas ocurrió en los municipios de posconflicto”.
Los indicadores anteriores, suscribe el documento, también están relacionados con la disminución del desplazamiento forzado, el secuestro y la desaparición forzada.
Incluso para el senador Rangel, “una parte de la guerrilla se desmovilizó y entregó las armas, y eso hay que reconocerlo, es positivo porque bajaron los índices de violencia en el país”, aunque resalta que “todo esto se hizo a un costo exagerado para el país y que no es suficiente”.
¿QUÉ VA MAL?
Frente a las fallas de los Acuerdos de Paz, Érika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional, manifiesta su preocupación por lo que está sucediendo en ciertas regiones del país con los líderes sociales.
“Pareciera que el Estado está priorizando el interés económico de una minoría en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías. En la medida en que no se atiendan de forma estructural las causas que han generado tanta muerte y sufrimiento en las comunidades a lo largo de este conflicto, va a ser muy difícil que esta paz pueda ser sostenible y duradera”, dice Guevara.
Según los registros de la Fundación Paz y Reconciliación, desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón de Bogotá, se han reportado 94 líderes y defensores de derechos humanos asesinados.
“Ahí hay una preocupación enorme y el Gobierno no ha encontrado la manera de controlar esta masacre de líderes sociales, aunque hay que reconocer que ha hecho esfuerzos. Pero se debe ir detrás de los hechos, porque estas muertes son pagas, vienen por parte de políticos y empresarios que aún no se identifican porque entienden que estos líderes les van hacer competencia en los territorios, a reclamar sus tierras”, dice León Valencia.
Asismismo, Amnistía Internacional le hizo un llamado al Gobierno para atender la violencia que se ha producido en algunas zonas del país debido al reacomodo de actores armados que se están disputando los territorios que antes ocupaban las FARC y manifestó su preocupación porque el escenario electoral
siga afectando la implementación del acuerdo de paz, teniendo en cuenta que actualmente se adelanta un proceso similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sobre este tema, Paz y Reconciliación dice que es preocupante, porque pese a que hay una disminución de delitos asociados al conflicto, en setenta municipios se han presentado nuevas dinámicas asociadas a la seguridad.
“Por un lado, varios de estos municipios han sido copados por otras estructuras ilegales. En algunos casos, por el ELN; en otros, Grupos Armados Organizados, principalmente el Clan del Golfo y grupos de desertores de las FARC. Por otro lado, en otros municipios, como en el sur del Tolima, lo que se ha presentado es un proceso de anarquía criminal, en el cual no hay copamiento de estructuras ilegales, sino que con la salida de las FARC se incrementaron los robos en carreteras, el abigeato y el robo de gallinas. Es decir, se incrementa la delincuencia común”, dice el informe.
Resalta el texto que el tema de cultivos ilícitos, la seguridad de los desmovilizados y la reintegración siguen siendo temas que el Gobierno debe evaluar.
Frente a todo esto, Ariel Ávila opina que hace falta una mejor planeación del Gobierno, sobre todo en la implementación en las zonas rurales, voluntad política de la oposición y presupuesto. “Hay una ausencia presupuestal. Es increíble la crisis financiera que hay en materia de posconflicto y esto dificulta la implementación”.
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