El impulso al sector agrícola y pecuario no es una tarea fácil, y menos cuando existen serios problemas en materia de producción, precios, insumos, crédito, tierras y seguridad.
Esos y otros desafíos serán los que deberá enfrentar en los próximos cuatro años el nuevo ministro de Agricultura, Andrés Valencia, un reconocido economista que viene del sector privado, ya que durante varios años fue presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi.
Y para ello deberá reorganizar la casa. En otras palabras, examinar con qué recursos contará esa cartera qué entidades oficiales seguirán y cuáles no. Es un convencido de que la productividad del campo no se hace a base de subsidios gubernamentales, sino de trabajo y compromiso.
- Ministro, ¿cuál será su mayor desafío al frente de esa cartera, pues el campo está apenas en una etapa de recuperación?
El presidente Duque ha sido muy claro en que debemos aumentar la productividad del campo. Tenemos unas zonas rurales con unas enormes deficiencias en materia de bienes públicos como vías rurales y centros de acopio, entre otras cosas. Hay que trabajar en la provisión de esos bienes y en elevar la productividad, lo cual se traducirá en una mayor rentabilidad para los agricultores.
Y por supuesto, trabajar por la legalidad al apoyar todas las iniciativas que resulten como la sustitución de cultivos ilícitos, porque esa ha sido otra prioridad que viene liderando el Presidente desde la campaña. Allí el Ministerio de Agricultura tiene un rol muy importante, pues contamos con una serie de cultivos con alto potencial en esa sustitución.
- Pero ¿cómo impulsar todo ese ‘revolcón’ en el campo con tan poco acceso al crédito por parte de miles de campesinos?
Lo que queremos es diseñar una política agropecuaria que mejore iniciativas vinculadas al crédito, y allí tenemos que ser muy creativos. Y ante todo para brindar facilidades a los campesinos para que puedan sacar sus productos a los mercados internacionales.
En ese sentido, el ICA tendrá que ser una entidad más eficiente con menos tramitología y agilidad en los procesos de admisibilidad sanitaria frente a los mercados de exportación. De igual manera, vamos a ver cómo mejoramos el manejo corporativo del Banco Agrario para acercarlo más a los productores, y con un manejo igualmente eficiente de los recursos de otras entidades.
Se habla de la sustitución de 200.00 hectáreas de coca y marihuana.
- ¿Cómo hacer que esos campesinos cambien de actividad, pues el apoyo estatal no ha sido el adecuado?
Esa es una tarea fundamental. Existen recursos de cooperación y hay varios países interesados en continuar apoyando a Colombia en la sustitución de cultivos.
Vamos a acompañar el proceso, pero no quedará en cabeza del Ministerio de Agricultura esa sustitución. Sin embargo, adelantaremos líneas de acción para establecer cuáles son los productos más apropiados y para qué zonas. En otras palabras, ampliar la frontera agrícola identificando un listado de cultivos, en el cual debemos trabajar rápidamente.
Es cierto que se necesitan recursos, pero con la cooperación se podrá lograr algo, además con los créditos de apoyo a las iniciativas de los productores. Queremos trabajar con ellos para sacarlos de la ilegalidad y no solo para que cambien un cultivo por otro, sino llevarles el Estado con bienes públicos como la construcción de vías rurales.
- El primer conflicto que le llegó a su despacho es el arrocero por sobreproducción, importaciones y precios. ¿Alista alguna propuesta para ese sector que siempre ha sido tan sensible?
Toca ayudarles a los productores con un incentivo que les permita almacenar el arroz durante un tiempo mientras se va consumiendo la cosecha. En ese sentido el Consejo Nacional del Arroz se reunirá el próximo martes para estudiar el tema y una propuesta del Ministerio en ese sentido. En el mediano y largo plazo vamos a ver cómo ordenamos la producción de arroz para evitar que en el futuro no haya sobreproducción y se incremente la volatilidad en los precios, que es el gran problema que tenemos no solo con ese producto, sino con otros.
Queremos en ese sentido diseñar una serie de políticas que nos permitan el ordenamiento de la producción para evitar unos ciclos de cosecha que reduzcan el ingreso de los productores con una sobreoferta que termina el Gobierno subsidiando con unos incentivos, los que a su vez generan un incentivo perverso para la siguiente cosecha.
- No es igual de perverso, como usted dice, mantener esos millonarios subsidios a otros renglones en medio de una austeridad en el gasto...
En este momento la situación fiscal nos plantea unos desafíos y eso lo tenemos claro para el cierre del 2018 y para el 2019 vamos a tener un reto enorme de conformidad con lo que se vaya a aprobar en la Ley de Presupuesto Nacional. Creemos, sin embargo, que todos los subsidios e incentivos deben tener un propósito más profundo frente a los de hoy.
No podemos subsidiar a sectores simplemente porque en algún momento no tienen competitividad o no son capaces de sacar de manera productiva sus cosechas. Allí hay que revisar toda esa política, comenzando por la de crédito, incentivando más el que termine apoyando una mejor productividad de los cultivos o la actividad pecuaria que se quiera financiar.
- Eso significa que podrían eliminarse muchos incentivos estatales...
Hay que ordenar la producción en función de los incentivos y saber en qué momentos los sacamos o retiramos, para que de esta manera no terminen fomentando la sobreproducción, el contrabando, o las importaciones.
Todo eso hay que revisarlo, pero la gran herramienta del Gobierno de Iván Duque es el crédito agropecuario, antes que los subsidios. Es el fomento de la agricultura por contrato y el apoyo al emprendimiento, ya que la gran mayoría de las empresas agropecuarias son familiares. Todo irá acompañado de seguros de cosecha para reducir los riesgos frente a los cambios climáticos.
Deben ser los incentivos correctos para la estabilidad del campo y para sacar de la pobreza a muchos agricultores al convertirlos en empresarios con capacidad de negociación, ya que la formación de los precios de muchos productos no es tan transparente.
- Hay demasiadas entidades del sector agrícola que le cuestan millonarias sumas al Gobierno en nóminas y funcionamiento. ¿Ha pensado en depurar, eliminar o fusionar algunas de ellas en los próximos cuatro años?
Tenemos que revisar su institucionalidad y funciones. Recordemos que muchas fueron creadas a partir de los acuerdos que se asumieron en La Habana. Hay algunas que tienen iguales funciones que otras, es decir, que hacen lo mismo. Por eso, hay que hacer una revisión a fondo de esas entidades para ver si hay necesidad de eliminarlas o fusionarlas. Sería muy atrevido decir ahora cuáles son, aunque es conveniente saber dónde encontramos duplicidad en las funciones de algunas de ellas.
Sin embargo, en caso de que alguna replique la función de otra tocará decidir cuál se quedará o desmontará. De tal manera, que tres cuatro oficinas no hagan lo mismo. Por eso es importante ese examen no solamente en funciones —para desmontar la duplicidad— sino también frente a su gestión en materia de trámites y regulación para reducirlos y acortar tiempos en favor de los empresarios y campesinos que van a gestionar permisos.
Por supuesto, revisaremos también si se puede pensar en la tercerización de funciones que distraen a algunas entidades oficiales.
- Teniendo en cuenta el último dato del PIB, en el cual el agro creció 5,9% en el segundo trimestre, ¿a qué meta le apuesta para el 2018?
Es una pregunta muy complicada porque hay algunos sectores como el café que sigue siendo el gran jalonador del PIB agropecuario, como también la avicultura y la porcicultura, y últimamente la piscicultura.
Pero no creo que vayan a haber cambios muy profundos, aunque los sectores pecuarios van a seguir con un crecimiento importante en el segundo semestre. No le puedo apostar a un valor o porcentaje (de crecimiento) porque estaría entrando en el terreno de la especulación, y yo como economista técnico debo hablar con cifras concretas y a la mano.
Debo decir, sin embargo, que hoy poseemos poca información de productos agropecuarios, costos y sobre cuánto pueden crecer las áreas o el volumen de las cosechas, lo cual no nos permite liderar algunas políticas.
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