Tres magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz llegaron hasta la cárcel La Picota de Bogotá, para cumplir con la cita de versión voluntaria al que fue solicitado el excombatiente de las Farc Jesús Santrich, en el marco del denominado caso 001, que corresponde a los secuestros perpetrados en el marco del conflicto.
La diligencia, que se lleva a cabo de manera reservada, se suspendió para el próximo 22 de mayo, debido a que no se pudo acceder a los informes del caso. Bajo ese entendido, su defensa reiteró en distintas ocasiones que la Fiscalía debe autorizar el ingreso de equipos especializados que permitan la lectura y audio de los informes.
“La Sala de Reconocimiento le solicitó a la Fiscalía esta autorización, ya que el compareciente padece de una discapacidad visual. La lectura de los informes es un elemento esencial del debido proceso, así como la asesoría con el equipo defensor”, precisó la JEP. Sobre estos hechos, la Fiscalía no se ha pronunciado frente a este requerimiento.
Santrich ha sido blanco de atención durante estos días, pues en una misiva de 41 páginas que radicaron en la JEP, los abogados del excombatiente expusieron las arbitrariedades que a su juicio se han registrado desde el pasado 9 de abril, momento en el que fue retenido, por su presunto vínculo con la organización denominada ‘La Familia’, que se dedicaba presuntamente a enviar droga a Estados Unidos.
Lo que piden los abogados del excombatiente es que no se tengan en cuenta una serie de pruebas estadounidenses que corresponden a la declaración jurada del agente especial de la DEA Brian Witek, “es preciso indicar que, la misma carece de idoneidad, pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad, puesto que obedece a una serie de especulaciones derivadas del método de entrampamiento instruido por las autoridades de orden público estadounidense”.
Para los penalistas, las pruebas emitidas por el ente internacional así como los testigos confidenciales “carecen de soporte probatorio pero son superficialmente mencionadas con la intención de mostrar una verdad artificial, distante de elementos de hecho que cuenten una historia ajustada a verdad material”.
Para Gustavo Gallardo, quien defiende los intereses de Jesús Santrich, el informe de inteligencia miente cuando afirma que su defendido participó en la producción y venta de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos y otros lugares.
“Miente cuando afirma que éste participó en reuniones con fines de negociar la compra y entrega de miles de kilogramos de cocaína; miente cuando dice que el prenombrado tenía relaciones con el cartel de Sinaloa; miente cuando afirma que la casa del prenombrado era custodiada por guardias armados que portaban fusil AR-15; miente sobre la existencia de videos que prueban la presunta realización de reuniones donde Hernandez Solarte realiza transacciones de cocaína, lo cual se evidencia con la ausencia de material probatorio que sustente tales afirmaciones”.
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