Según el informe titulado “Chuzadas sin cuartel”, miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal “sofisticados equipos” donados por organismos de inteligencia de EE.UU. para “fines ilegales”.
Esas escuchas, realizadas el año pasado, ocurrieron en las instalaciones de dos guarniciones del Ejército “como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la Justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”.
“Somos mucho más cuidadosos con los lugares, las personas que trabajamos en esto y los equipos que estamos utilizando. Aunque todo está por fuera del radar, nada de esto se puede hacer sin el conocimiento de los mandos”, manifestó a Semana un militar que trabaja en un batallón de ciberdefensa.
Según un suboficial, a él le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución pero resultó siendo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.
“Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático (partido de Gobierno)”, añadió el uniformado.
Este caso recuerda al de las “chuzadas”, como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, ex secretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar “interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial”.
En junio pasado, los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras denunciaron que fueron víctimas de escuchas ilegales en su contra por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con lo que aseguraron que se buscaba crear un “montaje judicial”.
En ese sentido, otro militar señaló que cuando los congresistas realizaron la denuncia activaron una operación “de contrainteligencia para cubrir su rastro y desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia”, reseñó Semana.
El general Martínez, que llegó a la jefatura del Ejército el 18 de diciembre de 2018, se había convertido en una figura cuestionada por su presunta falta de compromiso con los derechos humanos, pese a que siempre argumentó que no tenía ninguna sanción ni impedimento por parte de la Justicia ni de los organismos de control.
El oficial, con casi 40 años de servicio, pidió el retiro el 27 de diciembre último por “razones familiares”, según dijo ese día el presidente colombiano, Iván Duque, al anunciar su sustitución en la jefatura del Ejército por el general Eduardo Zapateiro.
Su comandancia estuvo marcada por la controversia porque a mediados del año pasado el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo que reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.
Durante el año en que Martínez estuvo al frente del Ejército, esa institución tuvo que sortear otros escándalos que mermaron su credibilidad, como la muerte a manos de militares del exguerrillero de las FARC Dimar Torres y del activista indígena Flower Trompeta.
Igualmente fue salpicado por el escándalo que causó la revelación que hizo el senador Barreras de que ocho menores de edad murieron en una operación militar en agosto pasado contra un campamento de disidencias de las FARC en el sureño departamento de Caquetá.
RESPUESTA DE DUQUE
Sobre el artículo de Semana, Duque manifestó este sábado que pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; al nuevo comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, que lleguen “hasta el fondo con todas las investigaciones contra hechos de malas conductas”.
“Aquí tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser honorables y al servicio de los colombianos, y donde haya manzanas podridas hay que llevarlas a que se les apliquen sanciones ejemplares”, dijo Duque durante una visita a Bojayá, en el selvático departamento del Chocó (oeste).
Agregó que el general Martínez salió por “razones personales” tras 38 años de servicio y que “frente a las investigaciones que han hecho medios de comunicación” el país puede confiar en que “si hay miembros de la fuerza pública que están teniendo conductas contrarias a la Constitución, nosotros mismos vamos a sancionarlos”.
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Texto: EFE
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