$1 billón anuales paga la Nación por demandas

$1 billón anuales paga la Nación por demandas
Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. // julio castaño BELTRÁN - el universal

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Anualmente son admitidos 125 mil procesos jurídicos contra la Nación.

Las demandas se concentran en varios ministerios (de Trabajo, Defensa, Hacienda y Transporte); y en entidades e instituciones como Colpensiones, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, entre otros.

Son 398.064 los procesos que hoy están vigentes contra la Nación y las pretensiones económicas de los demandante superan los 375 billones de pesos, estos sin incluir una acción de grupo muy singular que por $ 3.483 billones se presentara para reclamar supuestos derechos de todos los desplazados del país.

¿Pero quién defiende al Estado frente a estas pretensiones?: la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuyo director es el exAlto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez Alzate, quien definió a esa agencia como “la entidad del Gobierno Nacional encargada de defender a Colombia en los litigios internacionales de inversión y de Derechos Humanos ante la Comisión y Corte Interamericana y es la que defiende a Colombia internamente en las demandas contra la Nación, asesora a algunos municipios y es la encargada de la política de prevención para que no hayan demandas en contra del Estado”.

La agencia trabaja con un equipo interno de más o menos 220 profesionales y las oficinas jurídicas del orden nacional.

De los procesos vigentes, 11 son arbitrajes internacionales de inversión y 611 procesos en el sistema interamericano de derechos humanos, tanto en la Corte como en la Comisión, allí están procesos como el caso de la Unión Patriótica (UP) y la demanda de Petro contra Colombia.

LINEAS DE DEMANDA

Gómez Alzate explicó que son cuatro grandes líneas de demandas: una, laborales (la de mayor volumen, más no las de mayor cuantía). Dos, cuando una persona es detenida o privada injustamente de la libertad, cuando existe un daño antijurídico por el cual debe responder el Estado. La tercera gran fuente de demandas son las acciones de nulidad contra los actos administrativos y de allí se desprende la de nulidad y restablecimiento de derechos.

Las acciones de reparación directa y de nulidad y restablecimiento de derechos suman casi el 75% de las demandas en cuantía, las demandas por ajustes de pensión son las de más cantidad, aunque en menor valor. Sorprendentemente, los temas contractuales son tanto en cuantía como en cantidad de procesos una menor cantidad.

CASOS SONADOS

Entre las demandas internacionales sobresalen la de Gas Natural por el caso de Electricaribe; Glencore y Odebrecht que quiere demandar a Colombia internacionalmente por $3,6 billones. También hay acciones de grupo que son famosas,y otra muy salida de tono por $3.400 billones, por perjuicios recibidos por todos los desplazados de Colombia durante los últimos 40 años.

Aparece una muy curiosa que tiene que ver con la Costa Caribe, por haberse creado mal la autoridad de tránsito de Sampués (Sucre), que tiene pretensiones por $26 billones. En resumen, en 500 casos de los 398 mil vigentes, están $240 billones, equivalentes a más de un Presupuesto General de la Nación para esta vigencia.

Aunque Colombia gana en promedio el 52 % de los casos, a Gómez Alzate le preocupa que hoy hay $7,5 billones por pagar en sentencias que el Gobierno anterior dejó de atender desde el 2014 y eso genera intereses del 30%.

Correctivos
Gómez Alzate dijo que la Agencia trabaja en los correctivos necesarios para evitar las demandas: “Trabajamos en hechos que originan las demandas, para evitar que se repitan. También en casos por privación injusta de la libertad. Allí se logró un cambio en la jurisprudencia y eso va a hacer disminuir los procesos...No quiero que la Agencia crezca en personal, quiero que crezca en efectividad. Hay que trabajar conjuntamente con todas las entidades, coordinados, no meterle más burocracia, hay que ser más efectivos en la prevención y en el litigio”, concluyó.

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