Colombianos pagaron $800 mil millones por sobreprecios en medicinas

Entre el 2003 y el 2011 los colombianos pagaron 412 millones de dólares extras, el equivalente a 800 mil millones de pesos colombianos, por medicamentos cuyos precios se elevaron al no tener competidores en el mercado.
Esta fue la principal conclusión de un estudio realizado por la Alianza LAC-Global por el acceso a medicamentos y las fundaciones Misión Salud e IFARMA, publicado en la Universidad Nacional.
La investigación dice que se llegó a esa situación a partir de la aprobación del Decreto 2085 del 2002, durante el trabajo del entonces ministro de la Protección Social, Juan Luis Londoño, que terminó favoreciendo una política de protección de datos para medicamentos nuevos a un alto costo.
Con esta política las farmacéuticas se aseguraron que la información necesaria para hacer el registro sanitario de nuevos medicamentos quedara protegida por un periodo de cinco años, es decir, en ese lapso no se pueden entregar registros sanitarios a una versión genérica.
Según los cálculos de los investigadores el gasto total del sistema de salud para los nuevos medicamentos con exclusividad de datos fue de 2,3 billones de pesos, mientras que el gasto para esos mismos medicamentos, si hubieran existido competidores, habría sido de 1,5 billones de pesos.
En los cerca de 10 años que lleva este decreto ingresaron al mercado colombiano 122 nuevos medicamentos, todos del extranjero, lo que pone en evidencia que no ha sido una metodología efectiva para impulsar la innovación nacional, como se presumió en el momento de la creación de esta política.
Uno de los cerebros de este estudio es el director de la fundación IFARMA, el epidemiólogo Francisco Rossi, quien asegura que no es necesaria una política de protección de datos, teniendo en cuenta que la industria farmacéutica ya cuenta con el sistema de patentes, que les otorga exclusividad por 20 años.
Según Rossi, el problema del decreto es que ha permitido que pasen medicamentos que son variaciones de productos anteriores como si fueran nuevos y a un alto costo, porque no tienen competidor en el mercado. Una buena proporción de esos medicamentos son para el VIH/Sida y el cáncer, que según el experto, traen alguna mejoría, pero que no justifican un precio mayor.
Aunque la responsabilidad directa de este tema recae en el Invima, para Rossi el problema no radica en la ejecución sino en el decreto mismo, que es confuso y deja la puerta abierta para que entren productos que realmente no son novedosos y que solo favorecen la industria farmacéutica.

UN DECRETO POLÉMICO
Dos años después de ser firmado el Decreto 2085, Asinfar (Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas) lo demandó el decreto en nombre de la industria, por considerar que era contrario a las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y a las normas de la Organización Mundial de Comercio. En el 2005 el Tribunal Andino de Justicia le dio la razón y ordenó que fuera derogado.
Sin embargo, el Gobierno colombiano no lo derogó, debido a que el decreto hacía parte del paquete de pretensiones de los Estados Unidos para firmar el TLC con Colombia. Los esfuerzos se enfocaron en modificar la normativa de la CAN para aprobar la normatividad con el apoyo de Perú y Ecuador. Una situación que terminó con la salida de Venezuela de la comunidad.
En marzo del 2011 Asinfar solicitó al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la derogación, bajo las razones de que a esa fecha Estados Unidos no había cumplido con la promesa de ampliar las preferencias arancelarias para Colombia ni había ratificado el TLC.
Aunque la solicitud se presentó como derecho de petición no fue respondida. A la fecha el decreto sigue vigente y el TLC con EE.UU. ya está ratificado y a punto de entrar en ejecución.