Contrato de Cerromatoso no debe ser prorrogado: Consejo de Estado

El Consejo de Estado determinó este miércoles que el contrato para la explotación de la mina de niquel de Cerromatoso, en el municipio de Montelíbano (Córdoba), no puede ser prorrogado, sino que se deben renegociar los términos del mismo. Respetando los estándares de la legislación minera y ambiental, y protegiendo eficazmente la integridad del patrimonio Nacional.
La corporación señala que el Gobierno debe renegociar los términos del contrato que queda vigente para que las condiciones sean favorables a los intereses del Estado y de todos los ciudadanos.
“El Gobierno deberá tener en cuenta los modernos estándares de la legislación minera y ambiental, puesto que es su deber constitucional velar por la integridad del patrimonio de la Nación y proteger los derechos sociales implicados en la actividad de la gran minería”, puntualiza el concepto.
En tal sentido se determinó: “las partes acuerdan su voluntad de que la explotación de las áreas de los contratos 866 y 1727, incorporados al contrato No. 051-96M, no se interrumpirá al expirar el término de estos contratos, momento a partir del cual dejarán de ser concesiones para integrarse al “Área Total Contratada”, del aporte minero”, indica el concepto emitido.
Cerro Matoso S.A, es una empresa creada en 1979, como una sociedad de economía mixta, está a su vez registró varios cambios en su composición accionaria hasta convertirse en una empresa de un solo dueño privado, BHP Billiton.
El próximo domingo se vence el plazo de la concesión a la compañía extranjera, que lleva 30 años a la cabeza de la mina. Este aniversario fue una de las causas por las cuales la población de Montelibano le exigió al Gobierno abrir una convocatoria pública para que otras compañías tengan la oportunidad de obtener la concesión.
En tal sentido, distintos congresistas enviaron una carta al Consejo de Estado en la que exponían las razones por las cuales el contrato 051 que la Nación suscribió en 1996 para la explotación de Cerromatoso violaba el ordenamiento jurídico colombiano.
La misiva fue firmada por los congresistas Nora García Burgos, Maritza Martínez, Daira Galvis, Milton Rodríguez, Bernardo Elías Vidal, David Barguil, Jaime Durán Barrera y Jorge Enrique Robledo, además de los académicos Guillermo Rudas y Álvaro Pardo, y por la Red Colombiana contra la Gran Minería Transnacional.