El conflicto armado ha golpeado la caficultura

09 de diciembre de 2013 12:02 AM

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La Tarde.- “Vivir en zonas de conflicto armado implica un riesgo adicional a los tradicionales de la producción agrícola. Allí los ataques, extorsiones, robo de cultivos o animales, destrucción directa, el deterioro del capital humano y la destrucción de infraestructura, entre otros daños, es notable”; así lo manifiestan los investigadores Ana María Ibáñez, Juan Carlos Muñoz y Philip Verwimp en los estudios: Los Caminos del Café y el Impacto de la Violencia y la Presencia de Cultivos Ilícitos en Colombia. 

A través de dichas investigaciones, se explica cómo el conflicto armado ha incidido en la reducción de la producción de café en nuestro país, además, cómo el precio del grano incide directamente en el aumento o reducción del conflicto. 

“El impacto es muy fuerte, cuando hay caída en el precio del café se intensifica el conflicto armado, sin duda. Obviamente lo contrario sucede, si hay un incremento en el precio del café el conflicto se disminuye”, afirma Ana María Ibáñez, decana de la facultad de economía de la universidad de Los Andes. 

Cafeteros que abandonaron 
Entre 1994 y 2008 el número de cultivadores de café se redujo en Colombia en un 24%; “ya sea porque salieron del Sica (Sistema de Información Cafetera) o que abandonaron el cultivo”, dice Ibáñez. Pero la deserción fue mayor en las regiones donde se identificó la existencia del conflicto armado; “un 7% más, o sea, en esas zonas la cifra fue de 24% más”, explica. 


Ese abandono generó una reducción de la producción cafetera, que naturalmente tuvo sus consecuencias en la productividad del sector. “Lo que nosotros encontramos es que el impacto sobre productividad debido al conflicto armado fue alto; la productividad ha caído un 1,2% que es una caída importante. 

Esa es la cifra promedio, obviamente en las regiones de mayor conflicto el impacto es mayor”, sostiene Ana María Ibáñez. 


Señala que entre los lugares más afectados identificaron al Huila, Nariño y regiones del pie de monte; “El sur del país principalmente se vio muy afectado”, dice. 


Según el Censo que toma el estudio en 1997, en habían Colombia 663.536 fincas cafeteras, y al año 2008 habían registradas en el Sica 500.627. 

“Cuando hay caída en el precio del café se intensifica el conflicto armado, sin duda. Si hay un incremento en el precio del café el conflicto se disminuye”, afirma Ana María Ibáñez decana de Economía de la U. de los Andes. 

653 mil 536 fincas cafeteras había en Colombia en 1994, mientras en 2008 solo 500.627 

La llegada del problema 

De acuerdo con el estudio, hasta mediados de los años 80s las regiones cafeteras no habían sido afectadas por el conflicto armado. En 1985 la guerrilla ya estaba presente en el 15% de los municipios no cafeteros y el 2% de los cafeteros; y una década después, en 1995, los grupos guerrilleros tenían presencia en el 58% de los municipios no cafeteros y el 53% de los cafeteros. 


Esto generó una vulnerabilidad en las zonas cafeteras; que empezaron a registrar una mayor violencia y en consecuencia el éxodo ya mencionado. 

En el eje cafetero 
“Las regiones tradicionales presentaron una pérdida del 30% en promedio”, señala la decana de la facultad de economía de la universidad de Los Andes. 


Cabe aclarar que Risaralda fue el departamento menos afectado de la región por la insurgencia; no obstante, no fue ajeno. Además tuvo consecuencias indirectas, como convertirse en el sitio de llegada de cientos de desplazados, en especial su capital, Pereira. 


?En el estudio no lo identificamos, pero hay muchos posibles caminos que pudieron tomar los caficultores que dejaron sus fincas. Uno es que son personas que se desplazaron y ahora están en las ciudades pasando trabajos; dos, que se dedicaron a otros cultivos legales y en ciertas regiones también a cultivos ilegales”, agrega. 

Caminos a seguir 
Ahora, la situación de seguridad en el país es diferente. El Estado ha retomado nuevamente el control de la mayoría del territorio nacional pero las secuelas quedaron, lo cual obliga a buscar soluciones de fondo y quizás a replantear la manera en qué se debe impulsar nuevamente la producción del grano. 


“Nosotros encontramos que la presencia de la Federación Nacional de Cafeteros es muy importante y es un mecanismo protector para reducir los impactos del conflicto armado en la producción cafetera. El sector tiene que jugar un papel determinante pidiendo bienes públicos y organizándose, ayudando a los caficultores a volver a producir; con la semilla, con la asistencia técnica que se tiene que proveer, dando las garantías del precio mínimo”, expone Ibáñez. 


Acerca de si se debe o no sembrar más café en el país, teniendo en cuenta la baja rentabilidad del grano actualmente, la investigadora manifiesta que “eso son decisiones que se tienen que tomar, puesto que más allá del marco que tiene el café, el país está en mora de tener el censo nacional agropecuario y hacer una mejor planeación de cómo se va a potenciar toda la producción agropecuaria”. 

Continuar diversificando 
Si bien para Risaralda las exportaciones de café continúan representando cerca del 70% de sus las ventas externas totales; y la economía tiene una dinámica proporcional a la cosecha cafetera, Ana María Ibáñez argumenta que el departamento debe seguir pensando en diversificar su economía. El comercio, la industria textil, la metalmecánica y el turismo son grandes apuestas que deben seguir. 


“No se pueden parar los otros desarrollos productivos en el eje cafetero, eso también es fundamental. Si queremos crecer como país se tiene que promover absolutamente todo, y realmente promover la caficultura donde vaya a ser sostenible, productiva y rentable”, puntualiza. 

1,2 cayó la productividad del café como consecuencia de los daños causados por el conflicto armado. 

24% se redujo el número de cultivadores de café en Colombia entre 1994 y el año 2008. 

7% Además del 24% que se redujeron los caficultores en el país, fue el impacto en zonas de conflicto 

30% fue en promedio la pérdida de café que sufrió el eje cafetero entre el año 1994 y 2008. 

3 años duró la investigación realizada por Ana María Ibáñez, Juan Carlos Muñoz y Philip Verwimp.

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