Desde que estaba en campaña, el presidente Gustavo Petro ha sostenido en su discurso la importancia de reconocer el valor de la economía popular y comunitaria. Es por eso que esta economía tiene un espacio relevante dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, cuyo borrador fue presentado el pasado 15 de noviembre ante el Consejo Nacional de Planeación.
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De acuerdo con el borrador, el rol de la economía popular y comunitaria está dentro del pilar “Seguridad Humana y Justicia Social”, específicamente en el capítulo que corresponde a las políticas de inclusión productiva con trabajo decente y apoyo al emprendimiento.
De esta manera, según expresa el documento, en este cuatrienio se velará por garantizar la sostenibilidad de estos oficios y contribuir a su crecimiento económico.
Las acciones
La economía popular y comunitaria se fortalecerá a través de cinco acciones fundamentales.
La primera de ellas es la creación de una política pública que será concertada con los trabajadores. Igualmente, se buscará visibilizar el aporte de estas economías a la Nación mediante herramientas estadísticas y de contabilidad nacional.
La segunda acción tiene que ver con la formación de los trabajadores de la economía popular, la cual se hará a través del Sena y otras entidades. También se buscará el reconocimiento de los oficios a través de la Clasificación Única de Ocupaciones (CUOC).
Como tercer punto está el aspecto de la seguridad y la protección social. Según el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, estos trabajadores tendrían acceso a la protección para la vejez, al sistema de riesgos laborales y al sistema de salud en el trabajo.
La cuarta acción es brindar apoyos para la sostenibilidad de los oficios, a través de asistencia técnica que permita fortalecer su capacidad organizativa, técnica y productiva y con mecanismos de financiación que tengan requisitos y garantías flexibles.
Por último, el Gobierno nacional plantea que las personas que se dedican a estas actividades puedan acceder a trabajos asalariados mediante una transición justa de la fuerza laboral, medios de formación para el trabajo, certificación de competencias, acceso a la educación y pactos por el empleo con el sector privado.
Con esto se busca que los trabajadores puedan contar con los derechos asociados a sus labores y se impulsen estas actividades que igualmente producen valor económico y social al país.
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