Luego de la declaración que hizo el presidente Juan Manuel Santos sobre irregularidades detectadas en el Fondo de Ganaderos de Córdoba por el despojo de tierras en el Urabá, las preguntas sobre el origen, funcionalidad y utilidad de estos fondos salen a flote.
Según la Ley 363 de 1997, los fondos ganaderos se definen como sociedades de economía mixta: fondos privados y de la nación. La ley también establece que su propósito es el “fomento, mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario”.
Además, de acuerdo con esta legislación, los fondos ganaderos tienen derecho a formar asociaciones con terceros nacionales o extranjeros para actividades de producción, industrialización, comercialización, distribución y financiación de bienes y servicios agropecuarios.
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Felix Lafauri, explicó que los fondos nacieron con un beneficio que “permitía sustituir un impuesto para poder invertir en ellos; en consecuencia, miles de ganaderos terminaron siendo accionistas”.
Lafaurie aclaró que “los fondos ganaderos son sociedades que no tienen nada que ver con Fedegán ni con el Fondo Nacional del Ganado son entidades particulares donde el Gobierno tiene asiento. El presidente Santos lo que denunció son unos hechos que venían siendo investigados por la Fiscalía hace dos años y medio”.
Información de conocimiento público revela que de los 25 fondos existentes en 1990, en la actualidad sólo quedan nueve y con aprietos económicos.
De hecho, hasta el 2010 habían acumulado pérdidas cercanas a los 22.823 millones de pesos. El único fondo con utilidades a cierre de 2010 fue el de Tolima por 887 millones de pesos; cifras negativas reportaron los de Atlántico (781 millones de pesos), Huila (699 millones de pesos), Santander (675 millones de pesos), Magdalena (544 millones de pesos), Córdoba (485 millones de pesos), Cesar (415 millones de pesos), Meta (181 millones de pesos) y Boyacá (174 millones de pesos).
Las palabras del presidente Santos este jueves en Bogotá demostrarían que aunque el objetivo principal de los fondos ganaderos es (de conformidad con el artículo 2 de la ley 363 de 1997) el fomento, mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario, con el pasar del tiempo se han convertido en un fenómeno más de vulneración para las víctimas del conflicto. Hasta el momento, según señaló el Jefe de Estado, algunos han logrado 1.400 predios “mal habidos” con falsificación de resoluciones de adjudicación, ventas masivas a personas jurídicas, ventas bajo presión, suplantación de personas y presentación de falsos poderes.
Santos, refiriéndose a las pesquisas que hace la Superintendencia de Notariado y Registro, manifestó que hasta el momento se habla de 41.790 hectáreas adquiridas de manera irregular con el apoyo de notarios, registradores de instrumentos públicos, alcaldes, funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), funcionarios del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y funcionarios del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).
“Se encontró una inmensa irregularidad en el Fondo de Ganaderos de Córdoba, que se hizo a mucha tierra. Es la persona jurídica que más tierra ha comprado en la zona de Urabá mediante maniobras incorrectas como presiones para que se le otorguen poderes, registro de falsos poderes, otorgamiento de poderes a una sola persona”, señaló el Presidente de la República.
Económica
Fondos ganaderos: ¿ángel o demonio para el agro?
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