Listo el segundo informe motivado de la SIC acerca del cartel del azúcar

08 de octubre de 2015 12:23 PM

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La investigación que lleva a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la infracción a la libre competencia cometida presuntamente por 12 ingenios azucareros, tres gremios y 16 personas naturales tuvo un segundo round que concluyó con otro Informe Motivado, conocido por LR, sobre el cual los ingenios pueden responder hasta el 12 de agosto.

Esta etapa del proceso terminaría con la decisión de Pablo Felipe Robledo en la primera semana de septiembre en la que deberá resolver si exonera o sanciona a los implicados con más de $64.000 millones para las personas jurídicas y más de $1.200 millones para las personas naturales.

A propósito de que hoy el funcionario deberá presentarse ante el Congreso de la República para un debate sobre la crisis del sector azucarero, parece pertinente el revuelo generado ayer por este segundo Informe.

Todo comenzó por un confidencial publicado en la revista Semana el domingo pasado en el que se aseguró que se les estaba “enderezando el camino a los ingenios” por cuenta de 15 páginas traspapeladas del Informe Motivado sobre este caso. Esto, explicaba la publicación, implicaría la existencia “un segundo informe que deja en pie solo el cargo menor y archiva los graves”.

La SIC aseguró que este segundo informe, más que de fondo, tiene unos cambios de forma. Es decir que las 15 páginas traspapeladas del Informe Motivado, que realizó el superintendente delegado para la Protección de la Competencia Germán Enrique Bacca, no cambian las recomendaciones de sanción ni los conceptos por los cuales se hace este análisis.

Así lo confirmó Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria y Comercio y abogado del ingenio Carmelita, quien dijo que “no hay una diferenciación en la conclusión, sino que por un problema de ensamblaje se traspapelaron las páginas que tenían los argumentos del porqué se había decidido archivar la investigación por cuotas de producción (...) lo que en nada cambia las recomendaciones”.

De 344 páginas del primero, pasó a 359 en el segundo, en el que se aplicaron algunas recomendaciones que los apoderados de los ingenios hicieron a través de cuatro sugerencias: la primera tiene que ver con que se necesitaban gráficos a color; la segunda, con unas citas bibliográficas que no correspondían; tercero, unos correos electrónicos a los que no se podía acceder por temas de seguridad, y cuarto, los apoderados solicitaron una mayor explicación en las consideraciones finales para los investigados. De hecho, tanto en el primer Informe Motivado como en el segundo, se recomienda archivar la investigación que se tenía a los mismos actores por cuenta de un supuesto “acuerdo de cuotas de producción”.

Pero en los dos se recomienda sancionar por el numeral 10 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 y que reza: “Se consideran contrarios a la libre competencia los acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”.

El caso más revelador fue cómo se intentó impedir la entrada de azúcar de Bolivia a través de escenarios de concertación como CI de Azúcares y Mieles SA (Ciamsa) y Desarrollos Industriales y Comerciales (Dicsa), hoy en liquidación; así como la importación de producto por industriales.

Específicamente cuenta lo sucedido con el Grupo Nutresa, al que se le estaba impidiendo la importación de azúcar de Édgar Herrera Echandi, director ejecutivo de la Liga Agrícola Industrial de la Caña (Laica) en Costa Rica. Él estaba solicitando a Colombia la autorización para exportar un contenedor y decía que estaba en comunicación con Luis Fernando Londoño de Asocaña, quien si bien lidera el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), no tiene como misión expedir licencias de importación ni nada parecido.

Así las cosas, sobre el Informe Motivado actualizado, con las 15 páginas de más, Robledo podrá decidir sobre sancionar o exonerar a las personas jurídicas con un monto superior a $64.000 millones y las naturales con $1.200 millones, que corresponden a 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) y 2.000 Smmlv, respectivamente. Un proceso en el que este es solo el primer paso, pues existe la apelación o la demanda de la decisión.

Hoy además se conocerá la situación del sector azucarero que se ha declarado en crisis. Al debate está invitado no solo a Robledo, sino el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Este sector, concluyó Mauricio Escobar, experto en comercio internacional, es complicado por cuenta de la homogenización, las empresas que están detrás de la producción del azúcar y por la economía que mueve en Colombia.

LAS OPINIONES

Mauricio Escobar
Analista de Comercio Exterior
“El problema del azúcar es que es un commodity a nivel global, no es altamente diferenciable. También las poderosas empresas detrás de su producción y la tradicional economía que mueve esta industria”.

Jairo Rubio
Exsuperintendente de Industria y Comercio
“No hay una conclusión diferente en el primer y segundo informe. En este segundo se presentan 15 páginas adicionales del porqué se archiva la investigación sobre las cuotas de producción”.

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