Económica


Lo que debe saber de la devolución de saldos a favor de la Dian

Como consecuencia de la emergencia económica, el Gobierno expidió una serie de alivios tributarios para los contribuyentes.

Como consecuencia de la emergencia económica, el Gobierno expidió una serie de alivios tributarios para los contribuyentes, entre los que se encuentran la devolución de los saldos a favor en impuestos como el IVA y la renta. Esto, como una medida para facilitar el flujo de caja de las empresas.

Lo que contempla el decreto 535 de 2020 es que al solicitar una devolución, al contribuyente se le resolverá la solicitud dentro de los siguientes 15 días hábiles, con lo cual se reduce significativamente el tiempo del trámite, el cual podría durar hasta 50 días.

Otra de las medidas que favorece el proceso es que ya no es necesario adjuntar el certificado de costos, gastos y deducciones junto con la solicitud, ya que el decreto permite que este se entregue después de que se levante la emergencia sanitaria, es decir, después del 30 de mayo. Con esto según explica Margarita Salas, socia de asesoría tributaria, litigios y controversia de EY Colombia, se le da un lapso adicional contribuyente para preparar el soporte del saldo a favor que solicita dándole facilidad para obtener el flujo del recurso.

Además, se plantea que las solicitudes de saldo a favor que venían desde antes de declarada la emergencia, automáticamente pasen a este trámite abreviado, lo cual representa algo positivo.

Los reparos

A pesar de todos estos beneficios, la experta señala que hay algo que revisar en el decreto y es que a todos los contribuyentes se les va a dar la devolución salvo a aquellos que representen un riesgo alto para la Dian en términos de fraude fiscal o un riesgo específico de la declaración correspondiente.

“Lo que genera más controversia es que si el contribuyente es de alto riesgo la solicitud de devolución se suspenderá para ser efectuada después de la emergencia sanitaria, es decir en junio. Y aquí lo que criticamos es que el contribuyente no va a saber cuando es de alto riesgo y no se va a poder defender. Ahí creemos que el decreto está violando el derecho a la defensa del contribuyente y el principio de buena fe”, explica.

Por este motivo, la Corte Constitucional ya se encuentra verificando los alcances de la norma.

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