Rosmery Quintero Castro, la presidenta de Acopi, el gremio que aglutina a las mipymes del país, celebró los avances del proyecto de Ley 181 de 2019 o ‘Ley de pagos a plazos justos’ que ya fue aprobado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, como en sesión plenaria de esa corporación y que se encamina a seguir su trámite en el Senado de la República.
La iniciativa busca que las personas que ejerzan operaciones mercantiles efectúen los pagos en un término no mayor a 45 días, a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios.
Hoy, esos pagos en muchos casos se hacen a 90 y hasta 180 días, lo que se hace insostenible para los pequeños empresarios, sostiene la dirigente. Aunque otros gremios se oponen a la iniciativa, aduciendo que afectaría el crecimiento del país, el gremio insiste en que lo que se está pidiendo es algo ‘justo’ y otros países lo han hecho con menores tiempos.
Aclaró que el gremio está planteando un periodo de transición de tres años y a partir de allí llevar los pagos a 45 días para las micro y pequeñas empresas y excluir del beneficio a las medianas.
Afirma la dirigente que las pequeñas mipymes son proveedores naturales de las grandes empresas y no reciben un trato justo en su relación contractual, dado que el pago de la factura supera el periodo de los 120 días, afectando el flujo de caja.
Adicionalmente, la productividad y crecimiento de estas empresas no son los apropiados para hacer mayor aporte al PIB, en parte por las malas prácticas de pago que los asfixia.
Agrega que esta situación los somete a acudir a créditos y factoring para financiarse, con sobrecostos que afectan las utilidades entre 1% y 1,5%.
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) respaldó ayer el Proyecto de Ley 181 de 2019 “por medio del cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”.
Para la entidad cameral la iniciativa beneficia a los micro, pequeños y medianos empresarios que constituyen el 96% del tejido empresarial de la Capital- y en similar proporción en el resto del país-.
La entidad asegura que un estudio de causas de liquidación de empresas, realizado por la propia entidad en 2018, concluyó que, en términos financieros, la falta de liquidez es el principal síntoma que precede el cierre de una empresa. En 2018 se liquidaron en Bogotá 23 mil empresas.
“La demora en los pagos por servicios o bienes efectivamente prestados o suministrados se traduce en un obstáculo que impide el desarrollo de sus actividades y hace imposible el crecimiento de las empresas”.
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