Después de una salida en falso con el proyecto de Ley de Baldíos y rumores de una renuncia, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, no solo se queda en el Gobierno, sino que el próximo martes radicará en el Congreso la iniciativa con mensaje de urgencia, a menos de un mes de que concluya la legislatura.
Y más allá de las crecientes críticas que despierta la propuesta, para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) desde hace 12 años, Rafael Mejía López, el incidente es una muestra del alto grado de improvisación del Gobierno frente a un agro “víctima de la coyuntura”.
Así lo expresó en entrevista con El Colombiano, en la cual recalcó la necesidad de una política de Estado clara para el sector. Para ello ha presentado 21 propuestas al gobierno Santos, más de 4.000 folios, que espera sean tenidos en cuenta.
¿Ve viable que salga adelante la Ley de Baldíos en el Congreso?
“Lo veo muy complicado, además faltan cosas fundamentales como socializar el proyecto, ajustar el modelo agrario que queremos para el país y tener una línea clara del Gobierno”.
Con la salida en falso del ministro Lizarralde, usted dijo el viernes que había improvisación…
“Se debe buscar que no la haya más: el sector agrario no puede seguir bajo la política de la improvisación. El Gobierno debe tener una línea clara y la da el presidente Santos. Aquí lo que se está buscando es el principio de la solución de todos los problemas de seguridad jurídica que tiene el campo en el país, no solo para la altillanura.
Si no prospera la Ley de Baldíos en el Congreso, ¿qué efectos trae para el desarrollo del campo?
“Pues desde ya vemos que la inversión en el sector agropecuario está parada por falta de seguridad jurídica. En un país que se precia de estimular la inversión nacional y extranjera, hoy estamos en un limbo jurídico que deriva en un freno total de la inversión empresarial en el campo”.
Y si no es por la vía legislativa, ¿qué otra ruta puede explorar el Gobierno?
“No hay otra vía posible. Cuando se trata de buscar una política agraria de Estado no puede quedar sujeta al vaivén o de las decisiones de un ministro o el gobierno de turno. Lo que pide el inversionista, el agroindustrial y el productor es que tenga reglas claras para que sepa a qué atenerse en el corto, mediano y largo plazo”.
La discusión entre Lizarralde y el senador Robledo, ¿desvía la atención de los problemas reales del campo?
Sí, claro, por eso, desde antes, hemos dado pautas al Gobierno sobre las principales bases que deben abordarse para empezar a tener una política de desarrollo del campo agropecuario.
¿Cuáles son esas bases?
Está la rentabilidad, pues la evolución de los indicadores generales de precios de venta y costos de producción en los últimos años muestra un deterioro progresivo de la rentabilidad. En tasas de cambio, hay que intensificar de manera importante la intervención del mercado de dólares mediante su compra. Sobre los fondos parafiscales (de fomento y estabilización para los subsectores), hay que fortalecerlos y continúen aportando a programas de inversión y asistencia técnica. Eso, por mencionarle algunos.
Eso ya implica muchas tareas para el Gobierno, ¿hay más?
“Hay otros tres temas cruciales. En cuanto a la política comercial, hay que luchar más contra el flagelo del contrabando que ha contribuido a deteriorar los precios a los productores. En investigación y asistencia técnica, se debe orientar por lo menos el 10 por ciento de lo recaudado por regalías, alrededor de un billón de pesos, entre otras, para innovación agropecuaria. Y en el tema de regulación y tierras, ya dijimos, debe haber clara definición sobre los derechos de propiedad, uso y usufructo e incorporar restricciones a beneficiarios de adjudicación de baldíos, asociado al cumplimiento de obligaciones derivadas de la reforma agraria”.
¿Cómo conciliar desarrollo del agro a pequeña, mediana y a gran escala?
“No podemos caer en la trampa de la lucha de clases entre pequeños, medianos y grandes, en el campo cabemos todos, incluyendo la agricultura familiar. Hay que poner en marcha modelos que permitan grandes proyectos empresariales y también los asociativos entre pequeños medianos y grandes productores. Un país como el nuestro tiene que entender que no puede tener reglas universales ante el agro. Es muy distinto lo que pasa al pequeño productor de Nariño frente a lo que le ocurre al agroindustrial de la altillanura. Hay que entender las particularidades de cada una de las cuencas productivas”.
En ese sentido, ¿qué avances ha tenido la propuesta de Pacto por el Agro y Desarrollo Rural?
“Me he reunido con los ministros de Trabajo, que maneja la parte de municipios, y Agricultura, a cargo del tema general, pero es un proceso lento y complicado. Es muy diferente el pensamiento de cada zona. Este es un país hecho de pequeños países. Si no entendemos que no se puede legislar para el sector agropecuario como un todo, no lo vamos a lograr”.
Y con todos los cambios en la cartera de Agricultura, ¿es posible desarrollar esos temas de fondo?
No. La continuidad es fundamental en las políticas de un sector como el nuestro con cultivos transitorios, permanentes y proyectos pecuarios. Llevo 12 años de presidente de la SAC y me han tocado siete ministros. Cada uno llega con posturas distintas ante la normatividad vigente y programas que deben desarrollarse para tener una política agraria, que aún no llega. A eso hay que agregarle la cantidad de interlocutores que tiene el Gobierno frente al sector agropecuario.
¿A qué se refiere?
“Cuando pregunta a quién corresponde el tema de vías para el agro, no es al ministro del ramo, sino al de Transporte. Sobre qué hacer porque la gente la formaron para irse a las ciudades, pregunta si es con el ministerio de Agricultura, y tampoco, es con la cartera de Educación. Y lo mismo pasa al saber de un distrito de riego, no es en Agricultura, sino con el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, si hay un foco de gente como rara por la zona de producción, entonces le dicen en el Ministerio de Agricultura, ‘no, señor, qué pena, eso es con la cartera de Defensa.
¿Cómo conjurar esa situación?
“Si hay una política agraria y se sabe qué quiere hacer Colombia, las demás actividades y ministerios de un Gobierno se focalizan en todos trabajar bajo el mismo fin”.
Con todo, ¿se siente escuchado por el actual Gobierno?
“No se han dado acciones contundentes, pero sí se hay ido calando el discurso para poder construir una política agraria real. Esa política no se puede hacer sin participación de todos los sectores, tanto los formales como los informales, a los que hay que buscar que se formalicen”.
Después de los paros, ¿quedó debilitada la representatividad gremial de la SAC?
“No. Recuerde que la SAC es un gremio de 47 gremios afiliados. Hay que entender que los gremios son interlocutores entre los productores y el Estado y no estamos llamados a frenar los paros, eso le toca al Gobierno y lo tengo muy claro. Hablé con los representantes de las diferentes Dignidades (papera, cafetera, entre otras) y asumimos una postura incluyente, pero tampoco asumimos representatividades que no tenemos”.
¿Ve con buenos ojos una reelección del presidente Santos?
Él reconoció que hay algunos errores y su énfasis es la paz. Pero nosotros decimos que si bien la tasa de desempleo ha disminuido, falta recuperar empleos perdidos en el agro. En el caso de la pobreza, también baja la tasa, pero la brecha entre el país rural y el país urbano ha crecido. La infraestructura está muy planificada, pero no hay nada concreto de lo que se requiere a gran escala. Al final, vemos que hay que trabajar en tres temas cruciales para el país: justicia, infraestructura y el campo.
¿Qué se le quedó en el tintero a este Gobierno?
“Que no existe una política agraria, que apenas está por construirse. Aún tenemos ocho meses para sentar todas las bases, lo que se está haciendo ya, pero hay que acelerarlo”.
¿Cuál es el mensaje para los colombianos que ven el campo solo para pasear los fines de semana?
“Si no reconocen la importancia del campo, no habrá país para ir a pasear los fines de semana. Finalmente: muchas personas, eventualmente, necesitamos un abogado, un arquitecto, un economista, pero todos necesitamos un agricultor tres veces al día, al desayuno, al almuerzo y la comida. Que no se les olvide que se necesitan campesinos que prosperen, que hay que cuidarlos”.
SEMÁFORO
CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE ESTADO
ROJO
Desde el Gobierno no se ha dado respuesta contundente a las políticas de desarrollo que requiere el campo en temas cruciales como infraestructura, vías, capacitación, asistencia técnica y seguridad jurídica.
AMARILLO
En el llamado Pacto por el Agro y el Desarrollo Rural, convocado por el gobierno Santos, surge una posibilidad de consolidar la construcción una política de Estado para el sector agropecuario colombiano.
VERDE
Como parte del proceso hacia un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, se destaca que temas cruciales para el campo como el acceso a tierras y desarrollo agrario estén dentro de los temas gruesos de la negociación.
RENEGOCIAR AGRO EN ALIANZA PACÍFICO
El presidente de la SAC le dejó claro al presidente Juan Manuel Santos, en la clausura de la edición 37 del Congreso Agrario Nacional, el pasado 6 de noviembre, de la necesidad de "renegociar el contenido del acuerdo comercial de Alianza Pacífico en materia agrícola". Según Mejía, eso es prioritario por los "efectos negativos que se derivan para el sector", al tiempo que urge vincular al Ministerio de Agricultura y al sector privado agropecuario en la estrategia de aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Mejía ha calificado de injusto el trato que le ha dado el Ministerio de Comercio al sector agropecuario de Colombia frente a esta negociaciones porque habría podido "adoptado formas respetuosas de negociación y no lo hizo", se lamentó el dirigente gremial.
EN DEFINITIVA
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, considera urgente que el Gobierno asuma una postura clara frente al desarrollo del campo colombiano.
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