En días pasados, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adoptó, por medio de la Resolución No. 2019--0055697 de 2019 la política de prevención del daño antijurídico.
Así las cosas, la mencionada norma surge de la obligación de cumplir con los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, en el cual se pretenden diseñar estrategias, planes, y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definida por el Gobierno Nacional.
Por lo anterior la ANDJE ha venido cumpliendo con dicho objetivo en especial el de generar la Política de Prevención del Daño Antijurídico, vinculando paso a paso a la estructura que lo conforman; esto con el fin de brindar una mayor seguridad jurídica a las entidades estatales que se encuentren inmersas en los diferentes litigios; en los cuales con antelación a la creación de dicha entidad siempre le eran contrarios al Estado y decisiones demasiado onerosas que afectan el presupuesto nacional.
Es por ello que en el cumplimiento del principio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que pueda originarse a un asociado, se hace necesario que la SuperVigilancia, en cabeza de sus directivos, generen estrategias para la atención de los problemas jurídicos los cuales se presentan por errores administrativos que se cometen, adoptando así la Resolución de la cual habla el presente documento.
Por lo anterior, y debido a las implicaciones que dicha norma pueda tener para el gremio, lo invitamos a conocer el texto que se acompaña.
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