El presidente Duque ha sido enfático en que si bien planea la recuperación de la vida productiva, en el corto plazo no estima que la vida social pueda ser reactivada. Este escenario deja por fuera a los bares y discotecas, por ser sitios que propician las aglomeraciones.
Si bien los dueños son conscientes de esta situación, y de que la decisión nacional obedece a la salud pública, sí se muestran preocupados por las consecuencias económicas que esto pueda traer para el gremio. Según María Teresa Vergara, presidenta de Asobares Cartagena, organización que agremia a 1.200 establecimientos nocturnos de la ciudad, el panorama para ellos es bastante incierto. “Tenemos una fuerza laboral importante, son más de 20 mil trabajadores los que hay en riesgo.
El gremio ha dado instrucción a sus afiliados de que cumplan con todas las directrices que dio el Ministerio del Trabajo a través de sus circulares, pero como van las cosas va a llegar un momento en no podremos sostener la nómina”, afirma Vergara. Y es que los bares y discotecas fueron uno de los primeros sectores en cerrar sus puertas, incluso antes de la cuarentena nacional, pues es de recordar que una de las primeras medidas que se tomaron en Cartagena con la llegada del virus fue la de cancelar los eventos con más de 50 personas, por lo que ya se cumplen casi dos meses desde que tuvieron que cerrar.
Según la presidenta de Asobares, una de sus mayores preocupaciones tiene que ver con los arriendos de los establecimientos, ya que como sus estados financieros se han visto afectados, tienen dificultades para pagar. “Un arriendo en el Centro Histórico, el más económico es de 15 millones, y el más caro de 80 millones, y son solo para actividades que tienen que ver con bares, restaurantes y hoteles, actividades que están relacionadas también con la actividad turística”, explica Vergara. De esta manera, Vergara teme que la última posibilidad que les quede ante esta coyuntura sea entregar el local comercial y por consiguiente tener que cerrar la empresa, algo que indudablemente afectaría a todos los trabajadores.
Desde Asobares han elevado solicitudes a nivel nacional con el fin mitigar el impacto económico que está teniendo el COVID-19 en sus negocios.
“Nosotros con respecto a los arriendos, le presentamos al Gobierno Nacional una solicitud, que teniendo en cuenta la actividad de los empresarios se pudieran congelar los cánones de arrendamiento por el tiempo en que dure la cuarentena; y que además, para compensar a ese arrendador que va a tener suspendido su contrato de arriendo, se le pueda reducir al 5% su tarifa del impuesto a la renta”, apunta Vergara.
A su vez se propone que a través de los entes territoriales se reduzca la tarifa del impuesto predial que se cancela al 50% y que este pueda ser pagado en 2021 dada la coyuntura.
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